Gabriela Jhobanna Franco Villamil (Profesional de Relaciones Internacionales)
El desplome económico de Venezuela debido a una inflación desenfrenada y el colapso de diferentes motores de la industria, ha tenido repercusiones en el poder de adquisición de la población y en la capacidad del gobierno de cumplir con la seguridad social y económica.
Dichos factores han desembocado en una crisis humanitaria que obliga a un gran número de personas a migrar para buscar una estabilidad económica para ellos y sus familias.
La migración venezolana es una de las mayores crisis de desplazamiento en la actualidad, alrededor de 4 millones de venezolanos salieron del país para el 2019 según la ACNUR. En este sentido, los países vecinos son los receptores de migrantes, principalmente Colombia donde Migración Colombia (2020) estima que hasta febrero del presente año más de 1 millón 825 mil venezolanos están radicados en el país.
Esta movilización ha sido un gran reto para el gobierno de Colombia dado lo complejo que es responder a una crisis humanitaria, la cual se suma a los problemas internos del país: los grupos armados ilegales, desempleo, la insipiente seguridad social, entre otras.
Es así, como Colombia principal receptor de migración se le presenta un desafío en cuanto al establecimiento de políticas que atiendan a la población vulnerable garantizándoles sus derechos. Sin embargo, en diferentes zonas del territorio nacional existe una ausencia del Estado, donde se han fortalecido las estructuras criminales como las redes de tráfico de personas y los grupos armados ilegales. La falta de presencia estatal ha ocasionado que los migrantes venezolanos sean víctimas de dichas estructuras.
Así pues, en su paso hacia el centro del país los venezolanos han sido captados por diferentes redes de tráfico sexual y reclutados por los grupos armados ilegales. De acuerdo, con el reporte de trata de personas los venezolanos en condición de desplazamiento son una de las poblaciones más propensas a ser parte de la trata de personas, explotación laboral y reclutamiento por parte de los grupos al margen de la ley. Debido a que, son un grupo vulnerable que busca un sustento en un país donde no están legalmente autorizados para trabajar; su condición de migrantes los convierte en blanco fácil para los traficantes y la insuficiente respuesta de los organismos fronterizos y estatales para atender a esta población.
El Departamento de Estado de Estados Unidos (2020) afirma que las mujeres, niños/as y adolescentes venezolanos son interceptados por redes de tráfico sexual en la frontera, las cuales tienen una estrecha relación con otras redes que trasladan a los migrantes al centro del país o a zonas costeras donde el turismo sexual es uno de los mercados más prósperos. El año pasado las ONG’S confirmaron que fueron deportados 23 venezolanos, quienes habrían sido forzados a mantener relaciones sexuales con turistas.
Por su parte, en las zonas con presencia de grupos armados ilegales la migración de venezolanos ha sido una nueva dinámica para los territorios, donde estas estructuras controlan los movimientos de la población. En este sentido, los niños, niñas y adolescentes migrantes han sido reclutados para trabajar en cultivos ilegales, como informantes o en el tráfico sexual; es más, en ciertas ocasiones se obliga a los menores a transportar droga. De esta manera, las autoridades han establecido que la población más propensa a ser víctimas de los grupos ilegales, las redes de tráfico y trabajo forzado son los niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Otra modalidad de violación de derechos que han sufrido los migrantes ha sido la explotación laboral en diferentes ámbitos, como por ejemplo el servilismo doméstico, trabajo sin las condiciones en minas de esmeraldas y carbón. Además, el panorama se complica puesto que dada su condición no pueden acceder de manera legal a un trabajo y este factor permite que los derechos laborales de los venezolanos no se cumplan a cabalidad.
Ahora bien, el reporte de tráfico de personas del 2020 determina los problemas que traen las redes de tráfico sexual sumado a la migración venezolana, ya que los entes estatales no tienen las cifras exactas de cuantos migrantes están inmersos en estas prácticas y por ende es difícil identificar a las víctimas de estas redes. Asimismo, lograr desmantelar estas redes se convierte en una tarea casi imposible, puesto que la mayoría de las víctimas que logran ser desvinculadas de estas estructuras no se sienten cómodas testificando por su desconfianza en el sistema de justicia.
En este panorama, las autoridades no logran responder a los requerimientos de seguridad de la población colombiana y menos aún de los migrantes venezolanos. Sumado a ello, la desarticulación de las redes de tráfico se dificulta debido a la complicidad que existe con algunos funcionarios de la policía local y dado a que estas son redes transnacionales con una estructura lo suficientemente robusta para soportar una operación que busque desmantelarlas.
En cuanto a los grupos armados ilegales, el gobierno no ha logrado tener control total en ciertas zonas del país; por lo tanto, ello dificulta evitar que los nacionales y migrantes sean reclutados por estas estructuras delincuenciales. Igualmente, como sucede con las redes de tráfico transnacional, los grupos armados ilegales tienen rutas y controlan zonas que superan las fronteras de Colombia; por consiguiente, es necesario que los gobiernos de los países vecinos cooperen para tener asonadas a las estructuras armadas ilegales. Sin embargo, actualmente las relaciones tensas entre Venezuela y Colombia no permiten que establezcan un plan conjunto para afrontar la trata de venezolanos.
No obstante, las entidades gubernamentales de Colombia han formulado y llevado a cabo políticas como las licencias de trabajo, otorgar la nacionalidad a los bebes de venezolanos nacidos en el territorio nacional, determinar el derecho a la educación por parte de los menores migrantes y la atención por parte de Migración a los venezolanos. Aun así, dichas políticas no han logrado evitar que gran parte de los migrantes sean parte de estas estructuras.
Autor: Gabriela Jhobanna Franco Villamil (Profesional de Relaciones Internacionales, Bogotà – Colombia)
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)