Para una gran parte de la ciudadanía mexicana, la victoria de Joe Biden en la elección presidencial de Estados Unidos resulta más en un sentimiento de alivio que de júbilo.
Los cuatro años de presidencia de Donald Trump dejan un amargo sabor de boca por las constantes agresiones hacia México, pero también debido a la pasividad con la que se condujo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) frente al magnate neoyorkino. Por ello hay más alivio que júbilo: el gobierno mexicano actual no parece tener en sus planes una ruta para la relación bilateral que desafíe la tradicional subordinación frente a la superpotencia norteamericana; pero, al menos, se romperá con el ciclo trumpiano de anti-política desde la Casa Blanca. No es sorpresivo que, según un sondeo del diario Reforma, el 66% de los mexicanos cree que a su país le conviene más una presidencia de Joe Biden.
Antes de hacer conjeturas sobre los cambios en la relación entre ambos países, vale la pena observar el saldo que deja uno de los gobiernos más polémicos en años recientes. La retórica anti-migratoria que empleó Trump en campaña y gobierno se materializó en las acciones de la Guardia Nacional mexicana, un cuerpo fundado por López Obrador que supuestamente es de carácter civil, pero en los hechos es militar. En enero de este año, sus elementos agredieron con gas lacrimógeno y piedras a migrantes tratando de cruzar el río Suchiate hacia México, en la frontera con Guatemala. Fue hasta octubre pasado, días antes de la derrota de Trump, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconociera que hubo violaciones de derechos humanos hacia los integrantes de la caravana.
Si tuviéramos que adivinar cuál ha sido la única visita oficial de AMLO a un homólogo –y la única salida del país en dos años de gobierno– no sería tan difícil. El 8 de julio de este año, en plena pandemia por covid-19, López Obrador visitó Washington con motivo de la ratificación del nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). A la reunión no acudió el primer ministro canadiense Justin Trudeau, situación que inevitablemente evidenciaría la actitud del gobierno mexicano ante Trump. AMLO, con su hábito de aludir a la doctrina Estada, celebró en su discurso que la administración de Trump no tratase a México como colonia y respetara su condición de nación independiente.
En este contexto, la falta de una felicitación o reconocimiento hacia Biden por parte de AMLO no es una sorpresa, y aunque quizá no sea el escándalo que muchos comentaristas políticos mexicanos avistaron, es la insignia que cierra el ciclo con Trump e inaugura uno nuevo.
Con muro o sin él…
Joe Biden es un político de carrera cuyo momento más alto –hasta ahora– reside en su tiempo como vicepresidente del gobierno de Barack Obama, a veces llamado “deportador en jefe” (un juego con la expresión commander-in-chief, comandante en jefe) por comunidades hispanas. Con la dupla Obama-Biden en el poder, entre 2009 y 2016, fueron deportadas 2 millones 858 mil 890 personas, una cifra récord frente a cualquier otra administración, sea demócrata o republicana. La periodista Anabel Clemente, del periódico El Financiero, destacó en su momento que el 47% de las personas deportadas no tenían antecedentes penales.
El estándar que estableció Donald Trump es bajo puesto que, además de las deportaciones, fue controversial la separación de familias mgirantes y el discurso xenófobo y nacionalista que le acompañó siempre. Biden, en su afán de crear una campaña antitética a la de su antecesor, promete la capacitación del personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), para que tengan un trato “más humano” con las personas migrantes.
Esto último forma parte de la reforma al sistema migratorio que promete el oriundo de Pensilvania. En la web de su campaña se puede leer, propuesta por propuesta, una posición conciliadora que hace hincapié en una de las mayores virtudes de Biden: que no es Trump. No se debe perder de vista que esa conciliación sólo puede ocurrir porque es conveniente para los Estados Unidos conservar el esquema tradicional de emplear mano de obra mexicana y barata, especialmente en el marco de un nuevo tratado comercial.
La demanda de trabajadores en agricultura y otras industrias no se detendrá y ambos países lo saben. El mes pasado, López Obrador pronosticó para este año un aumento en las remesas del 10% con respecto al 2019, alrededor de 40 mil millones de dólares. A la previsión le acompañó un agradecimiento a los migrantes que, a pesar de la pandemia, han mantenido un flujo constante de dinero a sus familias en el territorio nacional. Esto define parte de la política exterior de México: poco importan las condiciones a las que se enfrenten los migrantes, siempre y cuando continúen enviando recursos. Las causas, las condiciones materiales que obligan a las familias a migrar hacia el norte, se mantendrán en segundo plano mientras se trate de un buen negocio para ambos países.
Más balazos que abrazos
La emergencia de seguridad en México tiene su origen en el momento en que el presidente Felipe Calderón, en 2006, le declaró la guerra a los cárteles de la droga. Con las fuerzas armadas a su disposición, convirtió al país en una carnicería que mató a cientos de miles a través de una estrategia de “enfrentamiento frontal” basado en combatir violencia con más violencia. Con Enrique Peña Nieto (2012-2018), se salió de control el problema y en el actual se ha hecho poco para mitigarlo.
En las conversaciones sobre esta crisis se suele escuchar mucho de la responsabilidad que tiene EEUU en la cooperación para solucionarlo. Aquel país es bueno para identificar a los líderes de los cárteles y poner un precio sobre sus cabezas, pero falla en reconocer que dentro de sus fronteras, es su población la que consume y genera la demanda de narcóticos ilegales. Bajo esta condición, la regulación de marihuana cada vez más fuerte en México, que pondría al país en condiciones similares a las de otros países de la región, es tan sólo el comienzo de una solución que requiere mucho más.
El 18 de noviembre pasado aterrizó en México el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera acusado en EEUU de haber liderado un grupo de narcotraficantes durante su gestión como secretario de la defensa de su país, en la administración de Peña Nieto. Es un hecho inusitado: ¿por qué una superpotencia como EEUU cedería a Cienfuegos al país que lo vio gestarse como criminal? Hubo quien lo conectó con la no-felicitación a Biden en pos de una supuesta relación muy estrecha entre AMLO y Trump, lo cual no está comprobado y el propio gobierno lo niega.
Lo que también niega es la revelación del Washington Post, que asegura que el gobierno de México habría amenazado a Estados Unidos con reducir la presencia de elementos de la Administración de Control de Drogas (DEA) en territorio nacional, mostrando así “su capacidad para jugar duro”. Aunque el canciller Marcelo Ebrard lo haya negado, son especulaciones que encuentran sustento en la retórica de la presente administración que promueve la no-intervención entre los países.
Hoy es México quien tiene que llevar a la justicia a Cienfuegos, cosa que probablemente hará, pero no es prometedor el discurso de AMLO que afirma que el general es un caso aislado, cuando la prensa ha documentado que la presencia del narco en las fuerzas armadas es un cáncer cada vez mayor. Biden, por su parte, podría hacer una labor cooperativa si atiende a su población adicta de forma integral y se aboca a combatir a los cárteles domésticos, cuya existencia fue reconocida por la DEA apenas en febrero pasado.
El tratado: lo más esencial
Volver a la visita que hizo AMLO a Trump en julio es volver a lo esencial. La relación comercial es, de fondo, lo que importa a ambos poderes por el esquema en que vivimos. El migrante o el narco se vuelven meras aberraciones de esa relación, mientras que la creación de empresas y la generación de empleos se vuelven el foco de las administraciones. AMLO puede denominarse y a su gobierno como de izquierda, anti-neoliberal, pero necesitará del nuevo tratado comercial y sus efectos esperados para resarcir una economía devastada por la pandemia.
La competitividad de los salarios en México han vuelto muy atractivo el outsourcing del trabajo manufacturero estadounidense. Según Jesús Seade, próximo a dejar el cargo de subsecretario para América del Norte, la ganancia principal para México es en cuestión de salarios, por ejemplo, en el sector automotriz. El tratado establece un piso de 16 dólares por hora para los ingenieros de las plantas estadounidenses. El 40% de los automóviles tendrá que ser producido con ese estándar salarial. Es una victoria para los trabajadores mexicanos dentro del esquema neoliberal que su presidente condena.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos a la llegada de Biden estará sujeta al crecimiento económico que logren ambos países al salir de la pandemia. La dependencia que ha generado México con su vecino del norte en el marco de un nuevo tratado comercial podría asegurar que conforme se recupere EEUU, lo haga también México. Esto puede tomar, según diversos analistas, siete años o más. En el corto plazo, durante el periodo de Biden, está por verse si los mandatarios están dispuestos a cambiar la narrativa de la relación entre ambos países.
Foto: Reuters