Jela Anabela López
En la última década la potencia asiática ha atravesado un abismo hacia un sistema totalitario cada vez más consolidado y presidido por el Partido Comunista Chino (PCCh) bajo el liderazgo de Xi Jinping desde el año 2013.
Por un lado, el hecho no ha sido una sorpresa, considerando que el partido ha llevado las riendas del país durante los últimos sesenta (60) años; por el otro, la toma formal del Poder Ejecutivo de Xi Jinping ha representado un reforzamiento del carácter autoritario del poder chino.
Hoy en día el seguidor de Mao T-sung continúa siendo el secretario del PCCh, Presidente de la República Popular de China y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Con el tiempo la intromisión del partido en las diferentes aristas de la esfera pública y privada de los chinos ha sido cada vez mayor, especialmente durante los últimos años. Sin embargo, el regimen presenta algunos desafíos para poder dar por consumado su carácter totalitario hacia los ciudadanos y el mundo, ante una potencial crisis de gobernabilidad que se ha estado gestando, la opinión pública a nivel internacional y la confianza en las instituciones del Estado.
De entrada, para un regimen no político que controla, censura y regula las actividades de los ciudadanos ejecutar tales prácticas es la clave para mantenerse y perpetuarse en el seno del poder. Aún así, en la historia geopolítica de China abundan cuestiones complejas que hoy en día desafían la expansión definitiva del regimen, e incluso, su propia gobernabilidad; vienen al caso la situación de Hong Kong y de Taiwán (o República China).
En primer lugar, Hong Kong se convirtió en colonia británica a raíz de la Guerra del Opio (1839-1842) con la firma del Tratado de Nankín, culminando la II Guerra Mundial. Posteriormente, tras un proceso de negociación diplomático iniciado por la República Popular China entre 1984-1987, los dos países acordaron que la colonia de Hong Kong sería transferida a China para 1997; pero bajo una «condición Especial Administrativa» en la cual el territorio mantendría un sistema político y económico del tipo capitalista por las próximas cinco (5) décadas, lo que quedó consumado con la Declaración Conjunta Sino-Británica. En este sentido, Hong Kong tiene cierta autonomía en sus procesos administrativos, cuenta con un Jefe Ejecutivo (que es designado por el Comité Electoral y el Consejo de Estado de la República Popular de China); Consejo Legislativo (dividido en dos mitades: una electa por un proceso electoral y la otra designada por el Presidente de la República Popular de China); y el Consejo Judicial (que está organizado al estilo británico). Con el paso de los años el regimen chino ha realizado múltiples intentos para incidir en la dinámica interna de los hongkongneses, siendo la más reciente una nueva ley de seguridad que permite a las fuerzas policiales de Pekín operar en la ex-colonia británica con impunidad, lo que atenta directamente contra los derechos individuales de los ciudadanos, el acuerdo entre ambos países (China e Inglaterra) y la soberanía de la Región Especial Administrativa.
Por su parte, los honkongneses han iniciado una oleada de protestas en mayo del año en curso las cuales han sido fuertemente reprimidas por las autoridades regionales. Entre los nuevos sesenta y seis (66) artículos abundan ambigüedades: detenciones arbitrarias, conspiración contra el gobierno chino, hostigamiento y odio, represión por protestas, entre otras; que favorecen el uso desproporcionado y arbitrario de fuerza china sobre los hongkoneses. En este orden de ideas, hay resistencia por los ciudadanos ante la nueva imposición, temor y autocensura. El regimen chino intenta profundizar su control sobre todo el país, lo que involucra a Hong Kong, objetando que debe prevalecer la ley nacional en todo el país; además, la ex-colonia no es formalmente un Estado (al carecer de soberanía y gobierno propio) y cada vez le resta menos tiempo con una «Administración Especial» según el acuerdo chino-británico.
En segundo lugar, la República China (Taiwán) isla ubicada al sureste de China que anteriormente era reconocida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta mediados del siglo pasado es actualmente vista como «la China renegada»; por lo que está aparentemente limitada a establecer relaciones diplomáticas y comerciales con países que mantengan vínculos con la República Popular de China. Taiwán es reconocida como Estado por numerosos países del mundo, tiene su propio gobierno y soberania; aún así, Xi Jinping quiere forzar a la isla a subordinarse a la administración china, razón por la cual existe una fuerte tensión entre ambos países; adicionalmente, un tercer actor se ha sumado a la contienda: Estados Unidos de América (EE.UU). La potencia americana en 1979 firmó el Acta de Relaciones con Taiwán (TRA), mediante la cual se comprometió a proveerle armamento a la isla para defenderse «por sí misma» según expresa Shirley Kan especialista en asuntos de seguridad de Asia del Global Taiwan Institute. Actualmente el líder comunista chino ha ratificado el principio de «una sola China» advirtiendo que podría tomar la isla «por la fuerza»; lo que ha sido ignorado por la Casa Blanca.
En contraste, el abogado chino Teng Biao ha asegurado que el regimen chino está presentando severos desafíos: a) la situación actual de la Declaración sino-británica y la injerencia de China en asuntos internos de Hong Kong que también afecta a Taiwán; y b) las tensiones comerciales con China a nivel internacional, Así mismo, el académico ha hecho referencia al «lavado de cerebro» (o «alienación» en términos sociológicos) que ha aplicado el PCCh a los ciudadanos, hasta el punto que son pocos quienes reconocen la importancia de la democracia y el Estado de Derecho.
Adicionalmente, la situación de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) ha captado la atención de la sociedad, pues, siendo una situación tan compleja de vida o muerte que afecta a toda una sociedad y ante la incapacidad que ha demostrado el PCCh para controlar el brote, los asiáticos han comenzado a desconfiar de sus propias autoridades (aunque no se vea de manera explícita). Por esto último, es posible encontrar una pequeña insición en la sociedad china, la cual podría ser una condición necesaria para «despertar de la alienación» del PCCh.
Desde luego, la vertiente en la apertura de un proceso de transición política en China se encuentra actualmente en: a) el «despertar de la alienación» como producto de la desconfianza en las instituciones; b) la creación de un proyecto político; c) la defensa de hongkongneses y taiwaneses junto a la autodeterminación de ambos territorios; d) la presión internacional de los actores comerciales que mantienen alianzas con China. De otra manera la utopía de una transición política del gigante asiático continuará estando vigente.
En este orden de ideas, el proceso de consolidación del regimen chino y el venezolano tienen algunas características en común: las ambiguedades en las leyes que permiten realizar detenciones arbitrarias, el temor y la autocensura que rigen la cotidianidad de los ciudadanos, la intromisión del sistema tanto en la esfera pública como en la esfera privada de los ciudadanos y el control social que esta controlado y concentrado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La sociedad venezolana ha conocido de primera mano la democracia a diferencia de la sociedad china; ha confiado plenamente en autoridades competentes y capaces durante cuarenta (40) años; ha reconocido la importancia de la libertad de expresión y de los derechos humanos… Aunque hoy en día añore tales condiciones políticas y sociales, el país está sumergido en un sistema de control social, de represiones y arbitrariedades, de corrupción e inestabilidad.
En teoría, Venezuela se encuentra atravesando un proceso de transición; en la praxis el proceso es confuso y casi inexistente. Frente al regimen chino, los problemas de gobernabilidad del regimen venezolano que desafían la consolidación de la tiranía no están dados por temas de geopolítica; sino que son consecuencia directa de la ineficiencia de las demandas sociales: acceso a los servicios básicos (agua, luz, electricidad, etc), acceso a información de calidad, libertad de expresión, estabilidad económica, entre otras. Al respecto, los detentores del poder político han respondido de forma hostil ante la exigencia de las demandas, que promueven la crisis política; sin embargo, en ausencia real de unidad entre partidarios de la oposición (Rustow, 1970) y movilización popular en presencia del COVID-19 (O’Donnel y Schmitter, 1988) no será posible gestar un proceso de transición real y factible. Al contrario: cada día el sistema se consolida más.
Autora: Jela Anabela López (Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana -UNIMET-, ex voluntaria de la Fundación Embajadores Comunitarios -FEC-, miembro de la VI cohorte del Diplomado en Liderazgo social y Político de la UNIMET, Directora de Políticas Públicas del Distrito Capital en la Alianza Global de Jóvenes Políticos -AgloJoven-. Caracas, Venezuela).
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)