Gabriela Jhobanna Franco Villamil
Desde la Doctrina Monroe hasta la imposición de la “democracia” por el medio del brazo armado, Estado Unidos ha tenido una profunda injerencia en los asuntos de Estado de Latinoamérica; ello con el propósito de tener control de su patio trasero y hacer valer su política exterior.
En las últimas décadas, el narcotráfico se ha posicionado como uno de los negocios más lucrativos del crimen trasnacional. Es así, que la política de drogas impulsada por EE. UU se instauró en la arena internacional, logrando permear la toma de decisiones en materia de seguridad de Latinoamérica para contrarrestar este flagelo.
De esta manera, los países con problemas de cultivos ilícitos y grupos ilegales que se nutren de este negocio, vieron como única alternativa adherirse a una política que los señalaba como únicos responsables del expendio de drogas; como si este negocio fuese de una sola vía.
Por consiguiente, el régimen de control de drogas se estableció como una política prohibicionista que instauró a Estados Unidos como uno de los principales receptores y consumidores de psicoactivos, mientras Latinoamérica se consideró la región productora y exportadora por excelencia. En este sentido, EE. UU promulgo una política interna y exterior de “castigo” a los consumidores y expendedores de la sustancia ilegal; generando como premisa que era un Estado víctima del expendio de drogas y sufría consecuencias inimaginables a nivel de salud pública.
En la década de los 70`s, con Nixon en el mandato de la potencia del norte se observó que la guerra frontal contra la producción, la comercialización y el consumo de las drogas. Por lo tanto, la DEA inició sus labores como ente policial nacional e internacional, llevando a cabo operaciones contra narcotraficantes de la región e instalando su influencia en países Latinoamericanos que le hacen frente a este crimen. Como consecuencia, en las décadas subsiguientes este flagelo en el territorio americano fue una de las prioridades de la agenda política, la cual dirigida por EE.UU creaba una responsabilidad directa en los países productores, siendo ellos la “raíz del mal por erradicar”(Quiñones,2012).
El discurso de Estados Unidos fue aceptado y avalado por países como Colombia, siendo este una imposición a las prácticas en el territorio; ejerciendo así control sobre las decisiones para contrarrestar el negocio de drogas ilícitas en el país. Un ejemplo de ello ha sido la extradición de diferentes líderes de carteles del narcotráfico. Todo ello, orquestado con el propósito de acabar con la amenaza a la seguridad nacional de EE. UU y la problemática que generan los carteles y grupos ilegales inmersos en este lucrativo negocio.
Ahora bien, las mafias detrás de la producción y comercialización de drogas han ejercido un control en diferentes territorios de los Estados Latinoamericanos, socavando así la seguridad y presencia de los gobiernos. Además, los grupos ilegales como los carteles han logrado permear las instituciones y políticos, debilitando el Estado y propiciando la corrupción. De esta manera, los fondos generados a través del narcotráfico son de tal magnitud que poblaciones enteras están a la merced de estas mafias que instauran su ley y logran sus cometidos por medio de la violencia.
En específico, países como Colombia tienen circunstancias especiales donde los grupos armados ilegales que se consideran guerrillas y paramilitares se han involucrado activamente en el narcotráfico. Estas dinámicas han provocado, que en el país los grupos delincuenciales se disputen las zonas de cultivos ilícitos y las rutas de expendio de las mismas; junto con ello las bandas de narcotráfico son parte de una ola de violencia.
Por su parte, México ha sufrido durante años un embate de violencia debido al narcotráfico y las bandas delincuenciales que se encuentran ubicadas en el territorio nacional y ejercen un fuerte control. Así pues, a pesar de los esfuerzos los narcotraficantes se siguen imponiendo en el país y por ende “2019 fue el año más mortífero en la historia reciente de México, con un saldo de 34.579 asesinatos que forman parte de las 250.000 muertes de los 13 años de guerra contra el narco” (Rodríguez, 2020).
En ambos países, se han realizado operaciones y se han implementado leyes, políticas y estrategias para frenar este flagelo. Sin embargo, la política prohibicionista bajo la cual se han amparado todas estas decisiones no ha tenido el resultado esperado. Es más, es considerada una estrategia simplista para abordar la problemática.
En general, se ha evidenciado que las operaciones dirigidas a desmantelar los carteles no han sido completamente efectivas; puesto que, el negocio no deja de ser lucrativo y estas mafias continúan encontrando rutas para el expendio de drogas. Además, el panorama se complica por el número de actores en la cadena de producción que son etiquetados como criminales, cuando muchos de ellos son campesinos en busca de un sustento por medio de los cultivos ilícitos.
De esta manera, según el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (2012) “la aplicación del actual sistema de control de drogas ha tenido consecuencias negativas importantes, como el incremento de las ganancias y el alcance de la delincuencia organizada”. Así pues, se concluye que la política de drogas debe buscar otra manera, ya bien sea legalizando el consumo y producción para tener control del negocio con el propósito de arrebatarle la financiación a los grupos ilegales y dar respuesta al problema de salud pública.
Con lo anterior, se entiende que, si bien la producción y distribución de la droga es realmente relevante, el consumo de la misma provoca que el negocio sea sustancialmente lucrativo. Por lo tanto, el Presidente Demócrata Barak Obama de EE. UU aceptó parte de la responsabilidad del negocio del narcotráfico al ser uno de los países con mayor consumo. No obstante, en el mandato de Trump se ha cambiado de postura y ha sido severo con los países como Colombia con una gran cantidad de cultivos ilícitos; proponiendo una desertificación con lo cual presiona al país a reducir de manera abrupta la cantidad de cultivos.
Gabriela Jhobanna Franco Villamil (Profesional de Relaciones Internacionales, Bogotà – Colombia)
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)