Gabriela Jhobanna Franco Villamil
La realidad en Colombia es difícil de sobrellevar. Aún con sus esplendorosos paisajes, su riqueza cultural y su cálida población; el país no logra salir de la espiral descendiente de violencia y políticas guerreristas que socavan la tranquilidad de la población y viola su derecho fundamental a la paz.
La paz es compleja de consolidar, las dimensiones que abarca no solo se refieren al cese al fuego sino también a la desmovilización, reintegración de los excombatientes; las políticas sociales y económicas en los territorios; las estrategias de seguridad; jurisdicciones especiales para la paz; construcción de verdad y el cambio estructural de la violencia cultural presente en la sociedad impregnada por la discriminación en varios aspectos. Por lo tanto, el fin último de una sociedad debe ser la búsqueda de este valor y de todo gobierno que se califique como democrático.
En este sentido, el Ex Presidente de Colombia Juan Manuel Santos (2010 -2018), estableció una mesa de dialogo con una de las guerrillas más antiguas y con más presencia en territorio nacional, las FARC. Este proceso creó un hito histórico y esperanzador para el país, el Acuerdo de Paz que dio final a una guerra de más de 50 años. Así pues, en el 2016 se firmó un acuerdo para matizar la violencia en Colombia y generar políticas acordes con la realidad del país como la reforma agraria.
En sí, las comunidades sumamente afectadas por la confrontación de las Fuerzas Armadas con las FARC esperaban que cesará el conflicto y se generarán nuevas oportunidades sus territorios que históricamente han sido parte de las dinámicas de violencia. De esta manera, el acuerdo lograba abarcar un sin número de compromisos que se centraban generalmente en las victimas y el restablecimiento de derechos; así como, establecía medios para responder a los problemas que habían desencadenado la guerra en primer lugar.
No obstante, el enfoque del sucesor de Santos no fue el esperado con respecto a la implementación del acuerdo. De hecho, ha sido uno de los férreos contradictores de la existencia de una Justicia Especial para la Paz y subestima la importancia de la Comisión de la Verdad para la construcción de una reconciliación en el país. Dichas objeciones, han ido de la mano con la ideología del partido Centro Democrático que ha obstruido en el Congreso la completa implementación del acuerdo pactado.
Lo que no logra comprender el nuevo mandatario Iván Duque (2018 – actualidad), es la relevancia de los compromisos pactados por el Gobierno de Colombia. El ser Jefe de Estado lo convierte en el gestor de dichos compromisos, los cuales fueron adquiridos antes de su mandato y deben ser cumplidos; aunque ellos no vayan alineados con su agenda política. Lo anterior, ha provocado que el Gobierno no atienda de forma debida la desmovilización de un grupo armado, el cual tiene muchos retos; en particularidad la seguridad de los territorios que eran controlados por dicha guerrilla.
Por esta razón, diferentes centros de estudios como La Fundación Paz y Reconciliación (2020) advirtieron sobre un escalamiento de la violencia en los territorios que las FARC ya no tienen bajo su control; dicho vacío de poder ha generado enfrentamientos entre otras estructuras como guerrillas, crimen organizado y autodefensas que buscan posicionarse en el negocio del narcotráfico. Aún con este panorama, el presidente no realizo una tarea integral de presencia estatal en dichas zonas estratégicas.
Por el contrario, las políticas implementadas hasta el momento han generado el sentimiento de abandono por parte del gobierno a las entidades y dirigentes locales. Se ha optado nuevamente por una estrategia donde solo prima el brazo armado y aun con presencia militar no se ha podido brindar seguridad a las comunidades.
Por su parte, siendo el narcotráfico un parte esencial en el escalamiento del conflicto el gobierno ha optado por una política de erradicación forzada, enviando efectivos como parte del equipo de erradicación para hacerse cargo de los campesinos. Durante el 2020, han existido diferentes altercados entre los civiles que tienen cultivos ilícitos y la fuerza pública. En cuestión de 2 años, se desconoció una parte del acuerdo sobre la erradicación voluntaria que reconoce a los campesinos una forma alternativa de sustitución de cultivos (Jiménez, 2020).
El fracaso de la estrategia del Gobierno para contrarrestar la violencia y el avance de las estructuras armadas ilegales ha sido realmente dramático. En las últimas dos semanas, el país ha presenciado un desencadenamiento de hechos violentos, en sí masacres en las regiones con presencia de los grupos armados ilegales. Al menos 33 jóvenes fueron asesinados, con estos sucesos se impone nuevamente el miedo y el dolor en Colombia (DW,2020).
Al parecer las claves para ser Presidente según Iván Duque, son ignorar todas las advertencias sobre los problemas de seguridad en los territorios y desconocer todo sobre la defensa de los Derechos Humanos. Las estrategias de su gobierno se reducen a culpar a su predecesor y considerar todas las recomendaciones del gobierno de Estados Unidos para contrarrestar el narcotráfico. Recomendaciones, que no se basan en una asistencia social y económica a los territorios con una gran cantidad de cultivos ilícitos; sino consisten en la erradicación forzosa y la posibilidad del uso de glifosato.
Entre tanto, miles de familias viven en la incertidumbre de una próxima oleada de violencia; mientras el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos persiste y esperan que se haga justicia. Pero, al parecer el actuar del Jefe de Estado y sus declaraciones minimizan la gravedad de los hechos para el país; además, demuestra una actitud desinteresada ante el dolor de la población.
Autora: Gabriela Jhobanna Franco Villamil (Profesional de Relaciones Internacionales, Bogotà – Colombia)
Las ideas y opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de World Geostrategic Insights.
Foto: AFP/LUIS ROBAYO