Por: Edgar Del Castillo Murcia.
Los Estados tienen la responsabilidad de promover, proteger y velar por los derechos humanos de sus habitantes, comprometidos con sus comunidades para garantizar el libre desarrollo y la vida digna que cada uno merece por el simple hecho de ser humano.
Sin embargo, la realidad es totalmente diferente, motivo por el cual es necesario repensar en manos de quien esta la defensa de los derechos humanos e ir más allá del ámbito jurídico de cada país.
En la actualidad se conservan aquellas organizaciones internacionales que amparan y defienden la vigencia a estos derechos, ya sea mediante tratados multilaterales, convenciones, pactos y demás formas de salvaguardar el derecho de respetar la vida por parte de los Estados en pro de sus ciudadanos.
En distintas ocasiones los ciudadanos de determinado país acuden a denunciar los diferentes abusos y violaciones de sus derechos por parte de los Estados ante distintas organizaciones encargadas de velar por el cumplimiento de la defensa de estos, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien promueve la protección y amparo mediante la emisión de medidas cautelares, informes, y/o soluciones amistosas.
A pesar de la cantidad de organismos internacionales y Estados comprometidos con la defensa de los derechos humanos, observamos cómo continúan las violaciones masivas y la poca voluntad de proteger la vida y dignidad de los seres humanos.
Ejemplos como los falsos positivos y los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en México, persecución a opositores políticos y opresión a la libertad de expresión en Venezuela, torturas y violencias sexuales perpetuadas por la actuación policial durante las manifestaciones acontecidas en Chile, la violación al derecho a la salud durante la pandemia COVID-19 en Brasil, la discriminación racial, el uso indebido de la fuerza y la falta de garantías judiciales por parte de Estados Unidos hacia sus habitantes. Estas acciones son algunas de las muchas violaciones a los derechos humanos que aun siguen en la impunidad.
Los acontecimientos de violaciones anteriormente mencionados son algunos sucesos que quedan en el limbo jurídico, impunidad y silencios estatales donde a la fecha no hay avances ni acciones que sancionen de cierta forma a los actuales perpetradores, y, por otro lado, los gobiernos no toman medidas coherentes para cesar las violaciones que transcurren al pasar de la historia.
Todo esto parece una cadena de impunidad que viene en aumento, escondiéndose y cobijándose bajo el despotismo de algunos Estados sobre sus habitantes, lo cual se convierte en un retroceso para dignificar las comunidades que vienen tiempo atrás denunciando atropellos que limitan la prosperidad y el desarrollo de las sociedades en general.
¿Cuántos falsos positivos deberán ocurrir para que Colombia reconozca los asesinatos perpetuados por sus mismas fuerzas militares? ¿Cuántos desplazamientos y detenciones arbitrarias deberán suceder en Venezuela para darse cuenta de que no están en democracia? ¿Cuántos desaparecidos deben existir para que México investigue la corrupción estatal? ¿Cuántas fosas comunes deben cavar en Brasil para que tomen en serio el COVID-19? ¿Cuántas personas de diferente raza o religión deben morir en Estados Unidos para controlar esta violencia histórica?
“¡Oh! ¿Y ahora, quién podrá defendernos?”
Lamentablemente no será el Chapulín Colorado, tampoco Superman ni mucho menos las fuerzas militares de cada país. Esta será una tarea que debe ser abordada desde las mismas personas que componen una comunidad, las familias, grupos de amigos, instituciones académicas, empresas privadas y demás fuerzas sociales que, unidas forman una barrera de resistencia contra todo atropello que asesina silenciosamente y viola los derechos humanos.
La eficiencia y eficacia de los derechos humanos no recae en los organismos internacionales, ni tampoco en el Estado a quien se le acusa de ser el perpetrador que tira la pierda y esconde la mano, son los mismos ciudadanos que mediante su divulgación y justicia social deberán buscar la salida pacífica a esta encrucijada de violaciones masivas.
La protección de los derechos humanos es competencia de todos, difundir mediante información verídica los hechos de violaciones como la tortura, desapariciones forzadas, feminicidios y detenciones arbitrarias, deberán convertirse en el pan de cada día para dar a conocer la realidad de poblaciones enteras que sufren de este flagelo.
Esperar que los medios noticiosos de cada país divulguen las muertes, los feminicidios y demás actos que se volvieron cotidianos para los espectadores, no es la herramienta esencial para frenar la problemática actual respecto a los derechos humanos.
Un ejemplo de la gran influencia que tuvieron las redes sociales fue el video del asesinato de George Floyd en Estados Unidos a manos de policías, lo cual causó conmoción a nivel internacional y se levantaron las voces de todos los rincones del mundo, rechazando estos actos discriminatorios y racistas por parte de los mismos Estados.
Seguido a esto, la violación llevada a cabo por miembros del ejército nacional de Colombia hacia una menor de edad perteneciente a la comunidad indígena Embera, fueron hechos que perturbaron al país entero, conllevando al rechazo total estas acciones que van en contra de los derechos humanos e indignación por quienes cometieron la violación.
Para que estos hechos violatorios tengan un alto en el camino y ocurran con menor frecuencia, es preciso que los ciudadanos ejerzan su poder de control sobre el Estado, divulgando actos y acciones que están en contra de su misma integridad, sin esperar a que se popularicen videos de muertes que estremecen y llegan hasta cierto punto a generar pesar, lástima y sentimientos de odio.
La defensa de los derechos humanos esta en prevenir cualquier episodio que vulnere de manera individual y/o sistemática a los ciudadanos, fomentando la solidaridad y empatía en las personas, tanto compatriotas como a nivel internacional. Es insólito que en pleno siglo XXI sigan ocurriendo situaciones nefastas y crueles que pueden ser alertadas por los habitantes para que los Estados actúen de manera eficiente.
Denunciar públicamente es un acto de valentía y empatía, tanto por quienes denuncian como por quienes replican, generando un impacto de unión y defensa para que los Estados funcionen en beneficio de las comunidades mas vulnerables y tengan un operar coherente a los distintos convenios internacionales vigentes que cada uno a firmado y ratificado.
Es muy importante la presión social para el ejercicio del control político del quehacer de los gobernantes, exigiendo un cumplimiento ético y moral que corresponda a las garantías de salvaguardar los derechos humanos como fundamento primordial de la democracia. Sí la idealización del respeto a los derechos humanos recae sobre los Estados, estamos cayendo en el abismo del poder ilimitado, en el cual nada cambiará y la historia se repetirá, décadas enteras de mudez estatal sin conocer nunca la verdad.
Cada ciudadano tiene derechos y también el deber de defender a sus compatriotas, compartiendo y divulgando información de las malas conductas que existen en los Estados, con lo cual se esperaría generar presión y obtener un cambio de fondo ante situaciones que recorren impunemente por los altos cargos de los gobiernos. Sí las mismas comunidades denuncian las vulneraciones a las que están siendo sometidas, es menester recibir la información concreta y veraz para hacerla pública en tiempo real, evitando un suceso que, en muchas veces conlleva a la violación sistemática y regresiva.
Finalmente, la idea es propagar una conciencia de resistencia y persistencia por parte de cada uno de los habitantes que componen un país, empatizando en contra de la violencia desbordada que arrasa poblaciones enteras, siendo éstas últimas las clarividentes de un deterioro estatal y las mayores defensoras de los derechos humanos que están siendo exterminadas frente a los ojos de simples espectadores que no ejercen su deber como defensores de la vida y dignidad humana.
Autor: Edgar Del Castillo Murcia
(Profesional en Relaciones Internacionales y especialista en Gerencia Social, con experiencia laboral en investigación social y cultural, evaluación y monitoreo en programas dirigidos a población vulnerable, análisis de información cualitativa, seguimiento de estrategias de sostenibilidad y resiliencia, planificación, diálogo asertivo y investigación).
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)