Carlos Ernesto Sánchez Piñerua
Por lo general, se tiende a tergiversar el concepto de “institución” con un espacio físico o un organismo del Estado. Sin embargo, una institución es el conjunto de valores, principios, creencias y prácticas fomentadas por los ciudadanos, de modo que es comunicable y comúnmente aceptada en el seno de una sociedad.
Si se evalúa el desarrollo de una sociedad en el nuevo continente, se puede verificar que este elemento guarda relación con el índice de instituciones culturales fomentadas desde la época colonial. Por ejemplo, aquellas naciones que estuvieron bajo la colonización inglesa presentan mayor grado de desarrollo porque, en la época del descubrimiento y la conquista, los británicos se establecieron en las nuevas tierras para instaurar instituciones que se ven evidenciados bajo un esquema federal y el libre ejercicio de los derechos de propiedad.
Por el contrario, las sociedades latinoamericanas se caracterizan por el subdesarrollo; esto ocurre porque, desde la época colonial, la prioridad no era fomentar la institucionalidad en las poblaciones que se establecieron en la región, sino ejecutar las actividades extractivas para abastecer el mercado europeo de materias primas y rendir tributo a la Corona española y portuguesa por medio de los recursos minerales. Estos rasgos se pueden apreciar, hoy en día, mediante el esquema centralista y la estatización de recursos naturales de índole estratégico para los Gobiernos latinoamericanos.
Evidentemente, urge que se lleve a cabo una transformación cultural en las sociedades latinoamericanas para emprender una transición hacia el bienestar de la sociedad, por medio de un conjunto de instituciones que faciliten el ejercicio de la ciudadanía como, por ejemplo, la educación, la investigación científica y tecnológica, la salud, la seguridad, el sufragio libre, la competencia de mercado, entro otros. Esto implica erradicar la forma de Estado con rasgo de centralismo, paternalismo y rentismo que son características limitantes de la participación del individuo en los asuntos públicos. Por esta razón, es necesario que la instauración de un nuevo estilo de institucionalidad en la región contenga una perspectiva democrática, porque la democracia no es un asunto de mayorías y minorías, sino la aplicación de mecanismos soberanos donde se garantice la mayor participación de la población.
Por esta razón, para una transición bajo un clima de instituciones democráticas, se debe descentralizar el rol del Estado en el ámbito económico y político. De hecho, este sólo debería limitarse a que los ciudadanos sean competitivos y desarrollen sus destrezas humanas para alcanzar el bienestar, a través de una red eficiente y accesible de los servicios públicos como la educación superior, el servicio eléctrico, los programas ambientales, la seguridad. Para ello, el Estado debe procurar también que los individuos puedan ejercer sus libertades y sus derechos para que emprendan económicamente, generen un mercado competitivo, abran alternativas para incentivar el progreso técnico de la sociedad y eviten que el poder político se concentre a favor de los intereses particulares de un grupo del Gobierno de turno.
De allí, se entiende que las políticas públicas deben garantizar la calidad de las instituciones y los mecanismos de comunicación asertivos entre las autoridades del Gobierno y la población. Esto es un aspecto fundamental, porque, el Estado es un ente rector y no ejecutor.
Por esta razón, un factor importante de los procesos de integración entre el Estado y la sociedad ha sido la descentralización de los instrumentos políticos en los distintos niveles para la distribución de responsabilidades entre los diversos entes del Gobierno y los actores no gubernamentales con gran influencia para intervenir y favorecer las condiciones. Por ejemplo, en el plano de las políticas públicas, es de gran relevancia que: las universidades brinden una educación superior de calidad; los centros de investigación estimulen el progreso técnico de la sociedad; la empresa privada ejecute proyectos ambiciosos de obras y servicios públicos de gran envergadura; entre otros que impliquen la participación de los distintos sectores de la sociedad civil.
Adicionalmente, no basta una evolución de los sistemas burocráticos del Estado para hacer frente a los objetivos democráticos, sino también establecer el enfoque de las instituciones democráticas hacia una perspectiva humana. Esto se refiere a darle mayor grado de importancia a la “inclusión” como rasgo principal que debería caracterizar a las políticas públicas para la superación de la pobreza. El Estado no remunerará a los más pobres, sino que les brindará oportunidades para que puedan formarse, desarrollar sus destrezas laborales y capacitarse para alcanzar el bienestar. Por lo tanto, los gobiernos deben estar dispuestos a reformar, desde las bases, las perspectivas con las que tradicionalmente se solían formular las políticas públicas. Se requiere especialistas técnicos, formación de base, un nuevo enfoque educativo que vele por el progreso de todos, con capacidad de sumergirse en realidades complejas y medir factores objetivamente, de manera que sea un reflejo real de las necesidades de la sociedad.
Por consiguiente, la capacidad de fomentar las instituciones democráticas para abordar los problemas específicos que atañe a la comunidad parte del concepto de políticas públicas que deben ser administradas eficientemente desde el Estado. Sin embargo, es necesario la participación ciudadana y las alianzas con los diversos sectores tecnócratas para abordar una agenda con programas que permitan a las comunidades desarrollar sus competencias laborales y cubrir las deficiencias en los servicios públicos.
En este sentido, un esquema federal facilitaría identificar los problemas más comunes de la comunidad y fomentar un Estado de bienestar a través de la capacitación humana para que los ciudadanos sean autónomos y superen la pobreza. De esta manera, las instituciones democráticas obtienen gran relevancia cuando no priorizan la práctica del rentismo clientar. En el siglo XXI, estas deben priorizar el desarrollo humano sostenible en condiciones para que todos puedan ejercer el progreso sin un Estado demagogo.
Author: Carlos Ernesto Sánchez Piñerua (Economista – Universidad Central de Venezuela – Máster en Prospección y Transformación y Gestión de Petróleo y Gas – Universidad Distancia de Madrid)
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)