Por Altaf Hussain Wani (presidente del Instituto de Relaciones Internacionales de Cachemira y vicepresidente del Frente Nacional JK)
Años de violencia, derramamiento de sangre y caos han dejado a los habitantes de Cachemira completamente devastados.
El impacto de la violencia es tan profundo y generalizado que no existe ninguna familia en Cachemira que no haya sido afectada por la guerra silenciosa que les impuso el estado indio. La guerra mortal que se desarrolla sin cesar en la región durante los últimos 31 años ha dejado huellas imborrables en la memoria colectiva de los cachemires que se han tambaleado bajo la ocupación india durante los últimos 73 años. Desde el inicio del movimiento de resistencia en curso en 1989, se ha informado de varios incidentes de matanzas en masa en los que cientos de personas inocentes y desarmadas, incluidos hombres, mujeres y niños, cayeron bajo las balas de las fuerzas militares y paramilitares indias. Más allá de las muertes, estos horrendos incidentes de violencia han tenido como resultado torturas, agresiones sexuales y la destrucción de bienes públicos por valor de millones de dólares.
Entre 1990 y 1998 se produjeron en la región 18 incidentes importantes de asesinatos en masa en los que la sangre de personas inocentes se derramó con impunidad. Irónicamente, la mayoría de estos incidentes tuvieron lugar en enero, que ha sido catalogado en la historia reciente de Cachemira como el mes de las masacres.
La masacre de Gawkadal fue la primera de su tipo que envió escalofríos por la columna vertebral de los habitantes de Cachemira dejándolos completamente conmocionados. El lamentable incidente ocurrió el 21 de enero de 1990, al menos cincuenta personas murieron en el lugar cuando las fuerzas de ocupación indias abrieron fuego indiscriminado contra una procesión pacífica en Basant Bagh, Srinagar. La procesión marchaba hacia Chotta Bazar para expresar solidaridad con las personas donde CRPF había abusado sexualmente de mujeres un día antes durante un operativo de búsqueda. Alrededor de 250 personas resultaron heridas.
Cuatro días después, el 25 de enero de 1990, 25 personas cayeron a balazos en Hadwara, en el norte de Cachemira, mientras marchaban hacia la ciudad principal para expresar su resentimiento contra el entonces gobernador Jag Mohan, condenado como orquestador de la muerte y la violencia en el valle.
Fue el 6 de enero de 1993 cuando las fuerzas de seguridad fronterizas de la India (BSF) se volvieron locas y mataron a 57 personas. 250 tiendas y 50 casas fueron reducidas a cenizas. Tariq Ahmad Kanjwal, de 45 años, sobreviviente y testigo ocular de la masacre de Sopore, que solo tenía 20 años, dijo: “La imagen de una persona ardiendo en una tienda siempre me perseguirá. Su cabeza estaba en llamas. Recuerdo que un oficial de BSF les dijo a sus colegas que no le dispararan porque pronto morirá ”. El propietario de Shaheen Studio, una tienda de fotografía, y su asistente, fueron quemados vivos en la tienda. Los cuerpos carbonizados del dúo se encontraron abrazados y fueron enterrados en una sola tumba, abrazados.
Después de diecisiete años de la masacre, los soldados de las BSF durante una entrevista a un periodista de Cachemira confesaron que la masacre y el incendio provocado se llevaron a cabo por orden del comandante de las BSF como táctica de guerra. “Todavía recuerdo cuando disparé indiscriminadamente contra un autobús privado lleno de civiles. No sé cuántos murieron. No sabía por qué maté a los inocentes. Luego quemamos el autobús ”, dijo uno de ellos.
En el mismo mes de 1994 tuvo lugar otra masacre, en la que murieron veintisiete personas y otras 36 resultaron heridas. Un informe de investigación confirmó más tarde que los soldados del 31 Regimiento Med recurrieron a disparos indiscriminados y no provocados.
“Las tropas desplegadas en servicio en la ciudad de Kupwara bajo el mando del segundo teniente S Bakshi dispararon indiscriminadamente en Bus Stand, Kupwara, sin ninguna provocación ni justificación, con intención criminal”, dice el informe. Irónicamente, el caso fue cerrado el 10 de abril de 1997, sobre la base de la falta de cooperación de las autoridades del ejército. El acusado G D Bakshi, que tiene un historial de odio hacia Cachemira, obtuvo promociones y recompensas por matar a inocentes y se retiró como Mayor General.
El 25 de enero de 1998, el fantasma del terror golpeó la aldea de Wandhama dejando a 23 miembros de una comunidad minoritaria (hindú) muertos. El ataque mortal llevado a cabo en el mes sagrado de Ramzadan fue orquestado por las astutas y astutas agencias de inteligencia indias, obviamente, para aterrorizar a la comunidad hindú que se quedó en Cachemira cuando los expertos fueron expulsados en masa del valle bajo una conspiración profundamente arraigada. para el entonces gobernador Jagmohan, experto en dar un color común a la lucha por la libertad en curso.
Años después, las víctimas del terrorismo patrocinado por el Estado siguen vagando de pilar en puesto en busca de justicia. A pesar de que los informes de investigación presentados al gobierno han establecido sin lugar a dudas la participación directa del ejército indio y otras instituciones de seguridad en estos incidentes de violencia, no se tomó ninguna medida contra los perpetradores. Los organismos de control de los derechos humanos como Asia Watch, Amnistía Internacional y PHR han expresado una y otra vez su preocupación por la frivolidad del gobierno indio y la falta de rendición de cuentas a los oficiales de alto rango de las fuerzas de seguridad que han ordenado o tolerado directamente los abusos de las fuerzas bajo su mando. .
Salvo algunos traslados, ningún oficial de alto rango ni siquiera un soldado del ejército indio fue condenado ni responsabilizado por los crímenes que cometieron contra los habitantes de Cachemira. Los sucesivos gobiernos indios han minado e ignorado ridículamente los llamamientos de las ONG para que se lleven a cabo investigaciones judiciales independientes sobre los incidentes de abusos a los derechos humanos para llevar a los perpetradores ante la justicia. Lamentablemente, la falta de un mecanismo de rendición de cuentas creíble en la región ha dado lugar a violaciones de derechos humanos. Sobre todo, un régimen de leyes negras como AFSPA, TADA, PSA, NSA, UAPA aplicadas por el gobierno indio en la región han empeorado aún más la situación de los derechos humanos, ya que estas leyes han tenido un impacto terrible en los derechos de las personas a la vida, la seguridad y la libertad. contra el arresto arbitrario y la tortura, la libertad de expresión y de expresión, especialmente de periodistas y activistas de derechos humanos. Estas leyes han dado lugar a graves restricciones y represalias contra los defensores de los derechos humanos que han desempeñado un papel importante en llevar las violaciones de derechos cometidas por las tropas indias al centro de atención internacional.
La situación en la región está lejos de ser normal, ya que los habitantes de Cachemira aún enfrentan desafíos sin precedentes. El macabro juego de matar, mutilar y asesinar a civiles inocentes y desarmados continúa sin cesar. Las carnicerías sangrientas, los asesinatos en masa y los asesinatos genocidas llevados a cabo con impunidad por las fuerzas indias continúan representando una grave amenaza para la población indígena que se siente aún más apretada y estrangulada después de que el gobierno indio despojara a la región de su estatus especial el 5 de agosto de 2019.
Ya es hora de que la comunidad internacional lleve a cabo un examen integral de la situación en la región y desempeñe el papel que tanto necesita para sacar a los habitantes de Cachemira de la desesperación y el desaliento. También existe la urgencia de responsabilizar al gobierno de la India por los crímenes que sus fuerzas han cometido en la región, ya que la apatía de la comunidad mundial hacia el problema de Cachemira y la falta de críticas de las capitales mundiales influyentes han envalentonado al gobierno de la India para emprender el camino violento para aplastar a los habitantes de Cachemira. a fuerza de fuerza.
Autor: Altaf Hussain Wani, presidente del Instituto de Relaciones Internacionales de Cachemira y vicepresidente de JKNF.
(Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen únicamente al autor y no reflejan necesariamente las opiniones de World Geostrategic Insights).
Crédito de la imagen: Kashmir News Observer