Valentina Conde Maldonado
Históricamente Colombia ha sido el aliado estratégico en términos de seguridad mas importante de Estados Unidos.
El reflejo más grande de esto es la importancia que tuvo el Plan Colombia: por un lado, este supuso un esfuerzo frontal de la estrategia planteada en ese momento para la lucha contra las drogas por parte de los estadounidenses en un momento donde se consideraba que atacar la producción llevaría a reducciones en la oferta y por tanto la disminución de la demanda; pero por otro, dicho plan se convirtió en un elemento clave de la modernización y profesionalización de la Fuerza Pública y por ende, marca un momento clave en la generación de capacidades diferenciadas no solo frente a grupos criminales y guerrillas, sino también frente a otras Fuerzas de la región.
Aunque la implementación del Plan Colombia tomó más del tiempo esperado, este fue uno de los proyectos de cooperación que logró mantener un apoyo fuerte por parte del Congreso estadounidense y de organismos multilaterales durante el lapso de su implementación. A lo largo de quince años se destinaron $9.600 millones de dólares. Inicialmente, este pretendía ser un Plan Marshall para Colombia tal y como lo explicó durante su formulación el entonces Presidente Pastrana, pero ciertamente hizo falta un componente claro en reformas institucionales y en inversión social para verdaderamente acercarse a dicha categoría. Eso, en parte explica el fortalecimiento de la aspersión aérea como estrategia en contra de los cultivos ilícitos, y las consecuencias todavía duraderas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que a partir de 2008 se da un cambio en cómo se venía manejando la relación de cooperación de seguridad entre Colombia y Estados Unidos. Para entonces, el balance hecho por ambos países mostraba avances concretos en lo que se creía que eran los puntos más importantes del Plan, lo que llevo a un fortalecimiento de cooperación triangular en un momento donde la proyección internacional colombiana parecía ir en aumento, y, en donde la agudización y crecimiento de las bandas criminales centroamericanas suponían una amenaza creciente para Estados Unidos.
Quizás la materialización máxima de dichos esfuerzos se da en 2012 con el establecimiento del Plan de Acción Conjunto de Seguridad Regional—USCAP, por sus siglas en inglés— que tiene como objetivo compartir técnicas exitosas en la lucha contra el crimen organizado a países terceros a través de la financiación de Estados Unidos. USCAP ha permitido la actualización y fortalecimiento regional a través de la creación de visiones estratégicas conjuntas mediante el establecimiento de prioridades y bajo liderazgos claros, y es una estrategia todavía activa.
En 2016, quince años después del establecimiento del Plan Colombia, los presidentes Santos y Obama abrieron un nuevo capitulo del mismo denominado Paz Colombia que buscaba dar la cara frente a una nueva realidad que se vivía en ambos países. Por un lado, la negociación que para entonces estaba en curso con la guerrilla de las FARC suponía la necesidad de repensar como afrontar un escenario de pos-conflicto sin debilitar la estructura de seguridad que se había conseguido, y por otro, el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Obama reconoció las limitaciones que tenía el simplemente atacar la producción de sustancias ilícitas. En ese momento, para ambos países darle una salida negociada al conflicto era una prioridad pues suponía una victoria frente a lo que pareciese una confrontación perteneciente a una época pasada, por lo menos, en términos ideológicos.
Santos y Obama intentaron equilibrar los recursos militares y sociales del Plan Colombia. Ahora anuncian su transformación en Paz Colombia, que incluiría apoyo para víctimas, justicia, desminado, desarrollo rural e incorporación de exguerrilleros, y se extiende a la acción contra las drogas y el crimen organizado, que puede revivir la receta bélica. Impedir el aprovechamiento de los espacios que deja la guerrilla sin prolongar el conflicto armado exige revertir las condiciones que reproducen las economías criminales y establecer una relación distinta del Estado con los territorios a partir de la protección de los ciudadanos y el desarrollo sostenible (Ramírez, 2016, s.p.).
Aún ante los inconvenientes que surgieron como resultado de la victoria del “No” en el plebiscito de refrendación al Acuerdo de Paz, las posteriores discusiones y la firma y entrada en vigor de los Acuerdos del Teatro Colón supusieron un repunte en la imagen internacional de Colombia. Pareciese que se comprobaba la tesis que venía rondando en el país frente a la necesidad de tener un avance militar concreto sobre la guerrilla para dar paso a una nueva fase del conflicto que permitiera el dialogo, y por ende abrió espacio a una visión de seguridad integral que fuera más allá de la confrontación con un enemigo.
El momento clave en lo que fue esa nueva visión fue la aceptación de Colombia como Socio Global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pues, más allá de lo que se suele creer, dicha categoría está sujeta al cumplimiento de estrictos requisitos en términos de democracia, seguridad y capacidad institucional. Es importante tener en cuenta que en la actualidad el país se encuentra en proceso no solo de recibir capacitaciones de la OTAN sino también de exportar sus capacidades únicas, como por ejemplo, el desminado humanitario que supone una visión particular y distinguida en el tratamiento de campos no como meras acciones que se pueden dar dentro de un conflicto, sino como un elemento humanitario para la resolución del mismo.
Casi dos años después, la situación de seguridad de Colombia dista de esa visión. Las fallas en la implementación del Acuerdo de Paz son un obstáculo al mantenimiento de una visión positiva de Colombia de cara a su compromiso para la paz. Aunque el éxito del proceso con las FARC supone a su vez una victoria en cuanto a resultados de los planes de cooperación que ha implementado Estados Unidos, particularmente por el gran flujo de inversión que a habido hacia el país, las prioridades de la administración Trump en América Latina están lejos de centrarse en Colombia. La situación en Venezuela, las tensiones con algunas Organizaciones Internacionales y las justificaciones frente al manejo interno de la situación en EE.UU son las prioridades más relevantes de EE.UU hacia América Latina.
El establecimiento de “Colombia Crece”, la nueva iniciativa entre Colombia y Estados Unidos anunciada por el Presidente Duque y Robert O’Brian, Asesor de Seguridad de Estados Unidos verdaderamente se concentra en el fortalecimiento de la inversión, la defensa de la seguridad y la movilización de crecimiento y desarrolló a las zonas más necesitadas del país. Elementos, que no solo se supone que ya existían, sino que además han estado mal ejecutados en el país.
La visión fuerte de Colombia en términos de seguridad esta en riesgo, y con razón. Las masacres, los asesinatos a líderes sociales y los desplazamientos, son tendencias en crecimiento que muestran un retroceso de los logros alcanzados. Aunque por el momento el cambio de foco en las prioridades de Estados Unidos asegure cierta estabilidad en términos de cooperación con Colombia, lo cierto es que la creciente crisis del país en últimas puede poner en riesgo dichos avances, incluso, más allá de su “socio más importante”.
Autora: Valentina Conde Maldonado (Internacionalista, Analista Misiones Internacionales y Operaciones de Paz, Asistente de investigación. Diploma de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Colombia).
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)