Por: Edgar Del Castillo Murcia
Durante el trayecto de la guerra y en espacios de la cotidianidad, las mujeres han sufrido las diferentes formas de crueldad y violencia, siendo víctimas no sólo por sus perpetradores, sino también por los agentes del Estado.
Estas graves vulneraciones van desde el homicidio, torturas, violaciones sexuales, actos atroces contra la dignidad humana, impunidad, entre otras situaciones que, a pesar de ser consideradas sistemáticas, todavía existen gobiernos que no reconocen estos delitos para castigar y tomar acciones correspondientes de justicia, verdad, reparación y no repetición.
Ejemplos existen en todos los continentes del mundo, como la mutilación genital femenina en países del África con el objeto de eliminar el placer, violaciones sexuales masivas para engendrar hijos no deseados, desapariciones y secuestros, utilización en trabajos y reclutamiento forzado, prostitución y trata de personas, entre otras crueldades que buscan denigrar a la mujer y utilizarla como herramienta de odio y demostración de poder.
La humillación ha llegado a tal brutalidad, que los hechos pasan por desapercibidos en la cotidianidad humana, revictimizando mediante la ignorancia y las injusticias estatales de no penalizar a los actores principales, lo cual genera una desintegración social en las comunidades.
Caso emblemático por su alto grado de impunidad por parte del Estado colombiano, es el de la periodista Jineth Bedoya, quien, durante el ejercicio de su labor, sufrió graves violaciones a su integridad física, psicológica y amenazas constantes contra su vida y la de su madre; historia que aun sigue siendo silenciada de la cual se tiene conocimiento de quiénes dieron la orden.
La importancia que cabe resaltar es la lucha constante de una mujer que busca la verdad y justicia, llevando a cabo procesos judiciales por más de diez años dentro del Estado sin obtener resultado alguno, recurriendo a instancias internacionales en donde se solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su intervención para el reconocimiento de la violación a sus derechos humanos.
Durante la diligencia ante un ente internacional, la representación judicial colombiana decidió levantarse de la audiencia con el propósito de recusar a los jueces de la Corte IDH, argumentando que dichos jueces prejuzgaron al Estado durante el interrogatorio a la víctima, quien sólo se enfocó en responder las preguntas realizadas por la Corte, resaltando su viacrucis de impunidad y el de muchas mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia.
Lo evidenciado frente a la Corte IDH por parte del Estado colombiano, demuestran una clara discriminación contra el género femenino, donde se anula cualquier reconocimiento del ejercicio de los derechos de las mujeres, desprotegiendo jurídicamente a las víctimas y alimentando los prejuicios de superioridad de un género hacia otro.
Este es un acto que denota la intransigencia y el no reconocimiento de estas vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres, considerándolo como una violencia que prueba el despotismo que se recrudece hacia el género femenino.
Estas dinámicas que a simple vista parecen tener una argumentación legal, contienen grandes repercusiones sobre las mujeres en la lucha y resistencia que se encuentran dando por el reconocimiento de sus derechos, limitándose la justicia a condenar la violencia contra la mujer como algo cotidiano, algo “normal y habitual”.
Diferentes organismos internacionales tales como ONU mujeres y Oxfam, han mencionado la importancia de que los Estados dignifiquen a la mujer mediante sus políticas públicas y entes judiciales, sancionando esas violencias basado en su grado de sistematicidad con el fin de combatir las desigualdades que afectan a la sociedad.
Estas voces de las mujeres víctimas de la violencia se mantiene en resistencia, hablando desde lo profundo, la narración del dolor expresado desde el cuerpo y el rompimiento de la dignidad humana, esclareciendo la verdad del sufrimiento que ellas han vivido y dialogando desde la fuerza moral para la no repetición.
Un claro momento de resistencia fue el pasado 8 de marzo, día de la mujer en la conmemoración de la larga lucha feminista por la reivindicación de sus derechos, convocando a todo el ámbito internacional a grandes marchas y manifestaciones que ponen en evidencia la desigualdad que todavía persiste en temas laborales, políticos y judiciales.
Latinoamérica se alzó en las miles de millones de mujeres que vociferaron su necesidad de ser reconocidas por los Estados, a manera de ejemplo, en Colombia las manifestaciones evidenciaron los feminicidios impunes que van durante el 2021, el abuso policial contra las manifestantes en Ciudad de México, en Argentina tras el triunfo de la aprobación del aborto legal, la violencia acontecida por parte de los carabineros en Chile, el paro llevado a cabo por maestras en Uruguay quienes reclaman un igualdad laboral, Bolivia estuvo marcado por romper las tradiciones del día de la mujer en recibir “felicitaciones” para levantar su voz en forma de lucha y exigir respeto y dignidad, y en Nicaragua se conoció una denuncia realizada por activistas feministas por el derecho a la protesta en cuanto se conocieron casos de policías que prohibieron la salida de algunas mujeres de sus casas.
De igual forma, la comunidad internacional, pero sobre todo sus Estados, deben comprometerse a escuchar las historias de violencia de género, dado que allí se reconstruye la memoria de lo imborrable y lo imperdonable, politizando el dolor para cambiar el imaginario machista y patriarcal que sigue manteniéndose en países de todo el mundo, otorgando liderazgo al feminismo para reformar la sociedad.
Asimismo, el ejercicio ciudadano debe exigir a los Estados el acceso a las mujeres en la toma de decisiones para la inclusión e igualdad de géneros, libre de violencias y garantizando el desarrollo territorial de las comunidades con justicia integral.
Garantizar los derechos de las mujeres debe ser una labor de todos y todas, siendo conscientes de la vulneración a la que son sometidas en los diferentes ámbitos cotidianos, exigiendo a los Estados como garantes de los derechos la eliminación de toda forma discriminatoria por sus agentes estatales y, de igual manera, reconocer su responsabilidad por ser parte de tratados internacionales de los derechos humanos.
Autor:Edgar Del Castillo Murcia – (Profesional en Relaciones Internacionales y especialista en Gerencia Social, con experiencia laboral en investigación social y cultural, evaluación y monitoreo en programas dirigidos a población vulnerable, análisis de información cualitativa, seguimiento de estrategias de sostenibilidad y resiliencia, planificación, diálogo asertivo y investigación).
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)
Credito imágen: Reuters