Nicolás Pabón Caicedo
A propósito de las elecciones en Estados Unidos, es bastante concurrido escuchar a los estadounidenses y a personas de todo el mundo sus consideraciones acerca de que ellos poseen una muy sobresaliente democracia.
Aparentemente esto no es tarea fácil de contradecir. Indicadores como el índice sobre la democracia, el desarrollo humano y el PIB per cápita, entre otros, hacen creíble la idea de que sí poseen una democracia codiciada. Pero detrás de estos indicadores hay una realidad que involucra a los nativos americanos, como son llamados en Estados Unidos a las etnias originarias de este territorio, y que desde antes de la independencia de Estados Unidos han sido vulneradas y obligadas a acoplarse a un sistema social que ha arrasado miles de sus tradiciones y está en riesgo de desaparecer. Una realidad que actual y legislativamente aparenta ser falsa pero que en la práctica es bastante polémica.
A modo de hacer un breve recorrido histórico sobre la relación del gobierno con los denominados nativos americanos, desde el momento de la independencia de Estados Unidos la relación con los nativos se materializaba en tratados que en un principio los reconocían como una población ajena a ellos y que por lo tanto no debía pagar contribuciones y tampoco ser incluida dentro del censo nacional. Posterior a la promulgación de la Constitución en 1787, se expiden leyes y se firman tratados que poco a poco fueron limitando la soberanía de los pueblos nativos y atribuyéndose derechos y deberes sobre ellos.
La firma del tratado con los indios Delaware en 1787 marca el inicio de un período de casi un siglo en el que el gobierno federal firmó más de 650 tratados con las naciones indígenas, de los cuales fueron ratificados 370. (…). A partir de la década de 1820, los tratados comenzaron a centrarse en la cesión de tierras por parte de las tribus y la creación de reservaciones bajo la protección del gobierno federal, como reflejo de la política del gobierno federal de remoción de los indios de sus territorios originales hacia el oeste, a fin de facilitar la expansión de los Estados Unidos. (Embajada de los Estados Unidos en Argentina, 2016, p.5).
Este periodo de tratados se daría por terminado para 1871 cuando el Congreso desconoció a los nativos como entes ajenos y que desde ese momento no se celebrarían tratados sino que se ejercería soberanía directa sobre ellos. Para 1887 se promulga la Ley General de Loteo que dividía sus reservas en lotes individuales que disminuyeron sustancialmente la posesión de tierras a manos de los nativos que para 1934 ya era de tan solo 19 millones de hectáreas. En este mismo año se expide la Ley de Reorganización que autoriza la devolución de tierras remanentes de la anterior ley y promovió el autogobierno ofreciendo la oportunidad de redactar constituciones tribales guiadas bajo los principios de la Constitución de los Estados Unidos.
El año de 1953 genera un precedente al darse iniciada la “Política de Finalización” la cual obligó a más de 100 tribus a abandonar sus terrenos e incorporarse a la vida urbana que por ende aumentó sus niveles de pobreza y desigualdad. Esto generó gran descontento entre los nativos que aún vivían en sus reservas debido a que el presupuesto que se les destinaba a ellos fue disminuido para invertir en la incorporación de las otras tribus en las grandes ciudades. Finalmente, durante las siguientes décadas se promulgan varias leyes que siguen evidenciando la subordinación de los nativos hacia el gobierno estadounidense por más que este de vez en cuando les cedía algunas concesiones.
En la actualidad, los más de 567 reconocidos pueblos nativos son considerados “naciones domésticas dependientes” que tienen grandes limitaciones en cuanto al acceso de ciertos derechos y necesidades básicas de cualquier ser humano. Aunque desde el año 1824 se creó la Oficina de Asuntos Indígenas (Bureau of Indian Affairs), posteriormente fue adscrita al Departamento de Guerra y en 1849 al Departamento del Interior. Su fin es proteger, mejorar la calidad de vida y generar la mayor cantidad de oportunidades posibles a los nativos americanos.
Cuestiones como la posesión de la tierra han sido históricamente uno de sus mayores problemas. Desde 1871 se viene reiterando la soberanía limitada que poseen y aunque se argumenta lo contrario, la verdad es que los nativos americanos no disponen de ninguna de sus tierras como sí lo hace el resto de ciudadanos a menos que el Congreso lo autorice. Este hecho se presta para un posible abuso de autoridad sobre la disposición del gobierno en estos territorios.
Aunque se les reconoce el derecho sobre los recursos forestales y el agua como factor vital para el desarrollo de la población, otros derechos como el de la pesca y la caza que también son factor vital dentro del desarrollo económico se ve limitado por el gobierno el cual tiene la facultad de disponer sobre estos recursos y regular los mismos. El desarrollo minero también se ve limitado en cuanto las tribus únicamente pueden hacer labores de explotación sobre recursos minerales o energéticos únicamente con la aprobación del Secretario del Interior y que además en caso de ser aprobadas pueden ser intervenidas por el gobierno en caso de considerarlo necesario.
Un sector digno de estudio en la actual relación de los nativos con el Gobierno federal es el de los juegos de azar. Para la década de los 70s ante la oportunidad de la eximición de impuestos en las reservas indígenas, se genera una masiva instalación de edificios destinados a ser utilizados como sitios de juegos de azar. Para 1988, se emite la Ley de Regulación de Juegos de Azar Indígenas que pretende conciliar los intereses de los estados con las comunidades correspondientes. En este caso, esta medida ha reflejado importantes aportes en cuanto a la administración e inversión sobre las ganancias representadas en este sector debido a que se reglamentó el uso de un 60% mínimo de estas ganancias a la inversión en proyectos de desarrollo a sus comunidades a fin de evitar lucro excesivo propenso a corrupción y delincuencia.
En cuestiones de derechos civiles e individuales también se han visto avances evidenciados principalmente en dos periodos históricos. El primero de ellos se da en 1924 tras la Ley de Ciudadanía Indígena que concedió la ciudadanía estadounidense a todos los nativos americanos tras su participación en la Primera Guerra Mundial pero que generó pocos impactos sobre sus derechos. El segundo periodo se refiere a la aprobación de la Ley de Derechos Civiles Indígenas en 1968 que ratificó y amplió el rango de derechos dados como la libertad de expresión, religiosa, igualdad ante la ley y privacidad, entre otros. Esta ley ha sido punto de discusión en diversos sectores debido a que algunos lo argumentan como intrusión del Gobierno federal y otros lo conciben como medidas necesarias de protección.
Desafortunadamente el racismo y la discriminación en Estados Unidos son algo cada vez más común entre su población, y los nativos americanos no son víctimas ajenas a esta problemática. La discriminación hacia esta población es evidente en cuanto a la disparidad de ingresos, esperanza de vida, pobreza y desempleo, además de los constantes ataques y burlas a los que se ven sometidos a lo largo y ancho de todo el territorio estadounidense no solo por parte de civiles sino también por parte de autoridades locales.
Los pueblos indígenas de América del Norte se encuentran en todos los estados de los Estados Unidos de América y en todas las Provincias y Territorios del Canadá. Pese a que viven en países desarrollados del primer mundo, los pueblos indígenas de América del Norte sufren muchos problemas sociales, entre los que cabe citar la falta de empleo, el acceso a agua potable, el aislamiento físico y social, la vivienda de calidad inferior, los ataques a su identidad cultural y altas tasas de delito y encarcelamiento. Por ejemplo, la tasa de arresto es casi el doble y la tasa de encarcelamiento casi cuatro veces mayor entre los indígenas que el promedio nacional. Todos esos factores inciden en los trastornos sociales y la alienación de la población indígena tanto de las tierras ancestrales como de la sociedad norteamericana en general. (Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, 2010, p.1).
Ninguna comunidad nativa se ha visto exenta de enfrentarse a estas y otras problemáticas. El censo de nativos del año 2000 da como resultado 4.119.301 indígenas que representan el 1.5% sobre la población total del país. Los estados con mayor número de nativos son Alaska, Oklahoma y Nuevo México. Las comunidades nativas más numerosas son los Navajos y los Cherokee que no superan los 300.000 nativos, cada uno. Por la fecha en la que se realizó el censo, se puede dudar sobre si las cifras de la población actualmente son aún menores. Las condiciones a las que se ven enfrentados hacen cada vez más difícil la permanencia de sus costumbres en el tiempo. El caso de los ya nombrados Navajos y Cherokees es alarmante, lo que permite suponer que las condiciones a las que se enfrentan el resto de las más de 550 comunidades nativas es aún más vulnerable.
Con respecto a los últimos años de gobierno, se debe destacar el esfuerzo que el ex presidente Barack Obama realizó durante la denominada Conferencia Anual de las Naciones Tribales de la Casa Blanca llevada a cabo desde el año 2009 hasta el año 2016. Estas conferencias tenían como objetivo estrechar los lazos del gobierno estadounidense con los nativos americanos a través de la revisión de reclamaciones territoriales históricas y mayor atención a los índices de calidad de vida de estas comunidades. Este legado es precisamente el que Joe Biden asegura pretender retomar defendiendo la soberanía tribal y ampliando las oportunidades de autogobierno con influencia en el gobierno federal.
Por su parte, durante el periodo de gobierno de Donald Trump se destaca la disminución de presupuesto asignado a la ya mencionada Oficina de Asuntos Indígenas y la ampliación de la privatización de tierras asignadas a los nativos en fideicomiso. Adicionalmente, ha apoyado públicamente la construcción de oleoductos que ponen en peligro la soberanía sobre las tierras y recursos asignados a diferentes comunidades nativas.
Es bien cierto que en la actualidad los nativos americanos poseen una soberanía que aunque no es absoluta posee de privilegios y ventajas que no poseen la mayoría de poblaciones indígenas en el continente americano. Sin embargo, esto no justifica su situación social que ha sido igual e históricamente vulnerada y en la actualidad discriminada e incluso olvidada por el gobierno y la sociedad civil. Hay evidente precariedad en cuanto a políticas educativas tanto en las reservas como a nivel nacional que permitan e incentiven la conservación de sus tierras, costumbres, lenguas y creencias, entre otros.
La resistencia por la preservación de su cultura está dando sus últimos avisos y pidiendo ayuda a gritos desde hace siglos. Pero su exclusión dentro de la sociedad norteamericana, la dependencia económica y la urbanización ponen en grave peligro el patrimonio sociocultural que los nativos americanos representan no solo para los Estados Unidos sino para la humanidad, y que puede terminar con fatales consecuencias según la atención e importancia que se les dé bajo las próximas administraciones.
Autor: Nicolás Pabón Caicedo ( Profesional en Relaciones Internacionales – Universidad Jorge Tadeo Lozano).
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)
Foto: Disminución de los asentamientos indígenas a lo largo de los últimos siglos hasta la actualidad. Fuente: El Orden Mundial en el S.XXI (Moral, 2016)