Mauricio Jaramillo Jassir
Las elecciones legislativas en diciembre de 2020 en Venezuela serán definitivas y tal vez sean el proceso electoral más relevante en los últimos años.
Después de varios comicios sin participación de la oposición y carentes de cualquier reconocimiento internacional representativo, se puede llegar a la conclusión de que el aislamiento, las sanciones y el boicot a los procesos electorales impulsados por el oficialismo venezolano no han dado ningún resultado.
Lejos de debilitar a Nicolás Maduro en el poder desde la muerte de Hugo Chávez en 2013, la política de sanciones y aislamiento ha significado la justificación perfecta al régimen para aumentar los controles sobre la población y adjudicar la responsabilidad de la dramática crisis -que cada día empeora- a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea e incluso algunos de sus vecinos congregados en el denominado Grupo de Lima, creado en 2016 para hacer presión sobre Maduro, sin haber conseguido hasta ahora ningún objetivo significativo.
Actualmente, el país enfrenta tres crisis paralelas y cuyos efectos mutuos las agravan. Se trata en primer lugar, de una caída dramática de la producción petrolera, que pretendía ser el principal soporte de toda la política social y de redistribución de la Revolución Bolivariana cada vez con más acento socialista. En 2011, se producían unos 3,5 millones de barriles diarios y se esperaba llegar a los 5 millones para 2014 y a los 6 millones en 2019, algo que jamás se concretó. En 2018, después de varios años de desgaste de la industria petrolera, la producción se ubicó por debajo de 1,5 millones y la OPEP estima que en 2020 esta no alcanza siquiera los 400 mil barriles, mínimo histórico que hace presagiar una crisis de divisas severa y el debilitamiento sistemático de la principal fuente de ingresos. En segundo lugar, el país atraviesa por una escasez marcada de divisas lo que impide la adquisición de bienes de primera necesidad y dificulta en particular la importación de alimentos, un tema cada vez más sensible pues la reducción del consumo de calorías se contrajo pasando de 1200 diarias a 500 y se piensa que 4 millones de personas podrían sufrir de hambre. Y, en tercer lugar, aparece como menos apremiante, pero de relevancia mayor, la crisis política como producto de la falta de legitimidad de Maduro, la aniquilación de todos los canales de diálogo oficialismo – oposición y como si fuera poco, la posibilidad inminente de que el país avance hacia una nueva constitución en el curso de 2021. Esto último haría más difícil cualquier transición en el corto y mediano plazo.
Aunque el tema económico sea lo más dramático e lo menos solucionable en el corto plazo, por consiguiente, es más viable pensar en una solución para la parálisis política y luego centrar la atención en la estabilización del régimen económico. Solamente cuando se alcance un nivel mínimo de consenso entre las principales fuerzas políticas, es decir, oficialismo, oposición y algunos ex chavistas que empiezan a conformar una fuerza representativa, se puede concebir una recuperación económica que, seguramente tomará varios años.
Partiendo de esa premisa, se entiende que las elecciones legislativas pueden convertirse en el principal escenario que permita una transición hacia la democracia en el futuro inmediato y sirvan al menos para conseguir tres objetivos urgentes. En primer lugar, que a medida que se vayan pactando los mínimos de la transición se empiecen a levantar las sanciones generadoras de un drama humanitario sin antecedentes en el hemisferio. En segundo lugar, que, sin más dilaciones, se empiece a proyectar un calendario electoral para elecciones presidenciales con observación internacional. Esto implica entender las enormes limitaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuya autoridad quedó seriamente puesta en entredicho a raíz de su papel en las elecciones en Bolivia en 2019. Su legitimidad no solo se ha visto afectada por la postura de su secretario general, Luis Almagro, alineado con las posturas unilaterales de Washington, sino que quedó en evidencia el afán del organismo hemisférico por acusar al oficialismo boliviano de fraude cuando no había pruebas contundentes en ese sentido.
Los informes de centros de pensamiento como el Center for Economic and Policy Research (CEPR) o el Laboratorio de Ciencias o Datos Electorales del MIT han dejado al desnudo la falta de rigor de los informes en los que se sustentó la OEA para sugerir la repetición de las elecciones y dejar en el ambiente la duda de fraude. En una atmosfera de polarización en el escenario venezolano y con la necesidad urgente de que las elecciones cumplan con todos los requisitos de transparencia, sería impensable dejar en las manos de la OEA semejante tarea. Probablemente si hubiese imperado la cordura y Almagro hubiese sido reemplazado por otras figuras como María Fernanda Espinoza o Hugo de Zela, sería viable pensar en su observación. No obstante, la reelección de Almagro significó la clausura tajante de cualquier influencia de la OEA en un esquema de dialogo o transición política en Venezuela. Confirmar al uruguayo por un nuevo periodo confirmó la vocación en el seno de la OEA de que la única forma de lograr un cambio en Venezuela es a través de un golpe de Estado contra Maduro.
En segundo lugar, estas elecciones podrían significar el retorno de la oposición a un mandato ciudadano a partir del cual tengan mayor margen de maniobra para negociar con el oficialismo. La lección histórica de esta Venezuela es clara: entre más pasa el tiempo, la oposición va cediendo y va perdiendo espacios mientras que el oficialismo se consolida en el poder muy a pesar de la crisis devastadora. Y, en tercer lugar, esta elección legislativa corresponde al calendario electoral según el orden constitucional que reconoce la oposición. A diferencia de la última elección presidencial y de aquellas para elegir miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, claramente inscritas en la lógica apabullante del gobierno, esta elección honra la lógica electoral y la alternación previstas en la Constitución de 1999 que hoy toda la oposición defiende.
Venezuela aparece intermitentemente en la agenda regional, a pesar de constituir la crisis humanitaria más grave del último tiempo en la zona. Para llegar a una solución de largo aliento se debe entender la importancia de rescatar el diálogo y entender de una vez por todas la inutilidad de las sanciones que solo retrasan el urgente proceso de recuperación económica.
Autor: Mauricio Jaramillo Jassir (Profesor e investigador en Universidad del Rosario, Bogotá, Bogotá D.C. Department, Colombia).
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)
Foto: cne.gob.ve