Valentina Conde Maldonado
Desde la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón el 24 de octubre de 2016, han habido dificultades sistemáticas en la implementación del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado, especialmente por las complicaciones al articular las visiones del gobierno saliente de Juan Manual Santos y aquellas distintas del entrante Presidente Iván Duque.
Característicamente, quienes han soportado las consecuencias de los retrasos en la implementación son los ex combatientes de las FARC, víctimas permanentes de asesinatos selectivos y desplazamientos forzados de los Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (ETCR) por falta de garantías de seguridad.
Según el Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), al 01 de julio de este año habían muerto 214 reincorporados. Pese a que la mayoría de noticias alrededor de la implementación se centran en la muerte de antiguos combatientes, se han señalado dificultades por parte del Partido en la consolidación de información por la disparidad de datos con el Gobierno, y por las complejidades de trabajo en los territorios. Al respecto, hay una sensación generalizada de no avance en el proceso de paz, que sumado a los retrasos de otros puntos y la oposición al Sistema Integral de Verdad, Justicia y No-Repetición dejan un panorama desalentador.
Los recientes casos de desplazamiento forzado ponen en relieve la falta de garantías de seguridad de los ex combatientes en espacios que están diseñados precisamente para garantizar su bienestar y tránsito a la vida civil. Aunque las amenazas son constantes, hasta el momento el caso más icónico es el traslado del ETCR de Ituango hacia Mutata, en el Urabá, con la ayuda de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ANR), en donde 94 personas abandonaron los procesos que venían construyendo en Antioquía por los altos niveles de violencia a los que se venían enfrentando. Esto, además del traslado previo de otros 35 firmantes del Acuerdo de la misma zona hacía Medellín. Organizaciones sociales del Departamento creen que los responsables son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las disidencias del Frente 40 de la antigua guerrilla, pero no hay confirmaciones por parte de las autoridades al respecto.
Existen otros casos en los que no ha habido acciones concretas por parte de las autoridades, lo cual no ha impedido los traslados de los ex combatientes en búsqueda de seguridad. En Montenegro (Cauca) y El Diamante (Meta) las amenazas no solo afectaron a nivel individual a quienes están en el marco del Acuerdo para la Terminación del Conflicto, sino que además, se vieron afectaciones en el trabajo desarrollado por las Juntas de Acción Comunal quienes también recibieron amenazas al ser considerados “colaboradores”, abriendo nuevamente vacíos en la reintegración social, política y económica de los ex guerrilleros. El caso de Meta es representativo a su vez porque los vacíos en términos de seguridad le han impedido a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y a la ANR realizar su trabajo. Los departamentos de Cundinamarca, Huila, Arauca y Caquetá también se han visto afectados y el Gobierno reconoció que existe un sub-registro sobre la fuerza del fenómeno, especialmente por la falta de rutas de atención de la situación en particular.
Las medidas que se han tomado hasta el momento se centran en el paquete de 23 acciones anunciado por el Presidente a finales de mes, que incluyen la generación de unidades dedicadas exclusivamente a la situación de seguridad de los ex combatientes de las FARC, la búsqueda de efectivización de algunas medidas ya existentes como aquellas relacionadas con la Unidad Nacional de Protección, y, el refuerzo de vías de inteligencia para generar alertas tempranas que permitan tomar acciones concretas. La Jurisdicción Espacial para la Paz (JEP), a su vez ordenó medidas para proteger la seguridad en este escenario al considerar que
La seguridad individual y colectiva de quienes participaron en el proceso de paz resulta fundamental en términos de garantías de no repetición y salvaguarda de los derechos de las víctimas a conocer la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado interno (Semana, s.p., 2020).
La imposibilidad del gobierno de determinar verdaderamente quienes producen amenazas se da por la constante lucha de grupos criminales por llenar los espacios vacíos que dejaron las FARC una vez la entrega de armas estuvo hecha. Sin embargo, la seguridad de los ex combatientes es un elemento central en la implementación del Acuerdo tanto en términos de justicia, como de reparación. Por un lado, la inseguridad conlleva a una perdida de garantías sociales y jurídicas que impiden la consolidación de oportunidades políticas y económicas—por ejemplo al poner en riesgo el avance de proyectos productivos—; y por otro, aumentan los espacios para vulnerar los derechos de las víctimas tal y como lo mencionó la JEP.
A pesar de las dificultades de implementación y de los escenarios desalentadores, la terminación de la figura jurídica de los Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación el próximo 15 de agosto supone una nueva amenaza a la estabilidad del Proceso de Paz en Colombia. Hasta el momento, el Gobierno no ha establecido claramente la estrategia a seguir, más allá de anunciar que no seguirá manteniendo económicamente los ETCR, al considerar que la mayoría de dichos territorios corresponden a predios arrendados.
Sin embargo, varias asociaciones de ex guerrilleros han anunciado su preocupación al respecto, pues los anuncios hechos se centran en la posibilidad de buscar nuevos espacios en base a la organización del territorio, un proceso de transformación territorial y la provisión de bienes y servicios para las áreas de influencia de aquellos municipios que cuentan con este tipo de figuras. Sin embargo, las condiciones de seguridad no están garantizadas, especialmente al ver que la ubicación de los ETCR se dio en un marco consensuado durante las negociaciones y que en la actualidad, Grupos Armados Organizados y Residuales buscan consolidar su presencia en territorios que antiguamente ocupaban las FARC y en donde hay una concentración de procesos de reincorporación.
Bajo estas circunstancias, es posible que haya un repunte en acciones violentas relacionadas con el conflicto. La dejación de espacios vacíos y la incertidumbre a la que se pueden enfrentar algunos de los excombatientes da cabida a nuevos procesos de reclutamiento por parte de organizaciones criminales y disidencias, tal y como sucedió con el proceso que se dio con los paramilitares durante la implementación del proceso de Justicia y Paz. Es importante considerar que hasta el momento el Gobierno no ha podido consolidar el control de espacios estratégicos como Ituango o el Patía, en donde la presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal incrementa las posibilidades de conflicto entre grupos y con las autoridades.
La implementación del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno de Duque se ha centrado en la priorización de la sustitución de cultivos ilícitos, la transformación de las agendas regionales para el aumento de la productividad y la seguridad, y la re-incorporación de ex combatientes de “bajo” rango. Más allá de la continuación de los ETCR o no, la perdida de figuras de protección a los antiguos guerrilleros supone la posibilidad de perdida de los proyectos educativos y productivos que consolidan la estancia de estos en la vida civil, pero sobre todo, complejizan las relaciones con la sociedad civil.
Autora: Valentina Conde Maldonado (Internacionalista, Analista Misiones Internacionales y Operaciones de Paz, Asistente de investigación. Diploma de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Colombia).
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)
Foto: Nadege Mazars