Federico Pinzón Arana
Desde la invasión estadounidense a Afganistán, producto de los atentados del “11 de Septiembre” (2001), las grandes potencias militares han optado por hacer uso de vehículos o aeronaves no tripuladas (mejor conocidas como “drones”) con el fin último de ampliar sus alcances geoestratégicos en escenarios geopolíticamente complejos para identificar, espiar, e interceptar a objetivos de alto valor.
El término de espacios “geopolíticamente complejos” hace referencia a sectores de difícil acceso y áreas aisladas o remotas en donde se llevan a cabo operaciones de naturaleza militar o donde hay presencia enemiga.
En su lucha contra organizaciones terroristas, los miembros de la Organización Tratado Atlántico Norte (OTAN), esencialmente los estadounidenses, franceses, ingleses y turcos han llevado a cabo múltiples operaciones empleando drones en misiones antiterroristas como el ataque a Osama Bin Laden en Paquistán (2011), la neutralización de células yihadistas en el Cuerno de África (Kenia y Somalia), y la cacería de diferentes cabecillas del autodenominado “Estado Islámico” (Daesh o ISIS) en Siria e Irak.
Por otro lado, los drones también han sido empleados por países latinoamericanos como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú para efectuar operaciones en contra de grupos armados organizados que operan tanto en áreas fronterizas como en sectores internos aislados de los principales centros urbanos.
En el contexto suramericano, Brasil y Perú son los actores más relevantes en términos de la utilización de drones para salvaguardar los recursos naturales e hídricos. Desde 2016, países que comparten la cuenca amazónica como Brasil, Colombia y Perú han venido desarrollando proyectos conjuntos con fines netamente ecológicos para salvaguardar la región amazónica de amenazas como la minería ilegal, el tráfico de especies, los incendios y la deforestación.
Para alcanzar tal objetivo, los países mencionados se agrupan para fomentar e impulsar mecanismos de cooperación mixta (tanto técnica como financiera) en programas como el Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP). “La pieza central de MAAP es la presentación de datos y mapas relacionados con un nuevo sistema de monitoreo de la deforestación en tiempo real basado en el análisis de imágenes satelitales” (MAAP Project, 2020, párr.4).
De acuerdo con investigaciones realizadas por la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) y por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Perú, el uso de drones ha sido fundamental para obtener información sobre los espacios en donde se llevan a cabo las múltiples actividades delictivas que comprometen al medio ambiente y a las comunidades que viven en la cuenca amazónica.
En el contexto de la seguridad, defensa y vigilancia de la región amazónica, los drones funcionan como aeronaves de apoyo para que los satélites se enfoquen en zonas muy específicas. De la misma manera, los drones logran captar movimientos y actividades en tiempo real en diversos entornos, lo cual permite una óptima realización del ejercicio logístico de los programas remotos y digitales de vigilancia satelital.
Desde la óptica militar, tanto Brasil como Perú, se han enfocado en realizar proyectos conjuntos de vigilancia esencialmente para la región amazónica por medio de la utilización de un complejo sistema de satélites respaldado por el uso de drones los cuales sirven para identificar y analizar movimientos, operaciones y actividades ilícitas que se llevan a cabo a lo largo y ancho de las selvas que Brasil comparte con el Perú.
Por otra parte, Perú hace uso de sus drones para vigilar los espacios fronterizos que comparte con Ecuador y Colombia. Además de eso, despliega desde Lima, equipos especializados en manejo y control de drones para hacerle frente a la minería ilegal que compromete seriamente a la biodiversidad peruana en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali (y algunas partes de Cuzco).
Paralelamente, en el caso brasilero, los drones son empleados en gran proporción para la vigilancia de sectores con altos índices de criminalidad ubicados en las grandes ciudades como Sao Paulo y Rio de Janeiro, particularmente para supervisar las favelas en donde operan los grandes carteles brasileros de la droga. Las autoridades brasileras han invertido mucho en la vigilancia urbana por medio del uso de tecnología de punta sin perder de vista la importancia que tienen las regiones con amplias áreas selváticas.
Es válido destacar que, Brasil ha sido uno de los actores latinoamericanos que más ha impulsado el sector de la fabricación y utilización de drones con fines militares y comerciales, pues cuenta con la corporación aérea Embraer, la cual se ha encargado de vigilar de cerca los procesos técnicos y de desarrollo para los drones (Muggah & Pereira, 2019).
Por otra parte, en Colombia; “los primeros drones empezaron a volar desde el 2005 con el fin de vigilar las bases militares. Hasta la fecha, las fuerzas armadas han adquirido otros vehículos aéreos no tripulados como el Hermes 450 y el Hermes 900, fabricados por Elbit Systems, de Israel.
Más recientemente llegó el Boeing Insitu Scan-Eagle, de EE.UU.” (Pinilla, párr.3, 2019). Desde que las autoridades colombianas optaron por incluir a los drones dentro de su inventario, las instituciones responsables de supervisar su mantenimiento y operatividad han sido esencialmente, el Ministerio de Defensa y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC).
Contemplando lo anterior, “La Ciac se dedica a fabricar aeronaves no tripuladas con la capacidad de cumplir con labores de vigilancia, reconocimiento e inteligencia. Sin embargo, para misiones más invasivas pueden incluir equipos de guerra electrónica, interferencia de señales, bloqueo de transmisión de datos en vivo y sistemas encriptados” (Pinilla, párr.9, 2019).
Actualmente, Colombia hace uso de los drones para supervisar zonas rurales de difícil acceso y sobre todo; los espacios fronterizos, lugares en los que transitan miembros de grupos armados organizados, migrantes y demás asociaciones irregulares. Tanto la academia colombiana como algunas empresas han aprovechado el gran auge estratégico que han tenido los drones para desarrollar nuevos proyectos y diversos avances en materia de optimización tecnológica y perfeccionamiento operativo.
Hoy Colombia quiere desarrollar su propia industria de drones, los cuales desarrolla y fabrica en las cercanías de Bogotá, donde los modelos más representativos son: el UAV Iris, el ART Quimbaya, el Atlante Plus y el Coelum-mini ART (Pinilla, 2019).
En contraste, en Bolivia, el ejército y la fuerza aérea han trabajado por fortalecer sus capacidades de reacción por medio del uso de drones desde 2010. Sin embargo, los esfuerzos eran netamente investigativos, se fomentaban en espacios de cooperación no internacional entre las instituciones militares y algunas universidades nacionales (Opinión, 2014). Luego, en 2014, Bolivia comienza a recibir apoyo técnico por parte de Brasil en materia de seguridad para ampliar el alcance y efectividad de sus precarios sistemas de monitoreo. La iniciativa de la utilización de los drones en Bolivia radicó en dos pilares particulares; la vigilancia de las fronteras y la supervisión de la seguridad en las principales ciudades.
De acuerdo con el expresidente boliviano, Evo Morales; Bolivia ha adquirido una serie de drones relativamente avanzados (Typhoon H), los cuales obtiene de una empresa china debido a unos acuerdos de cooperación bilateral firmados con el país asiático en 2017 (Infodefensa, 2017).
Para mejorar el funcionamiento de los dispositivos no tripulados, Bolivia compró unos equipos de comunicaciones sofisticados los cuales permiten guiar a los drones, codificar y encriptar la información, y también mejorar la calidad de las comunicaciones para perfeccionar la sincronización entre los drones y los radares/monitores.
A fin de cuentas, es válido aclarar que, de acuerdo con el boliviano experto en temas de seguridad aérea, Francisco J. Triveño; Bolivia invierte en Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) dadas las tensiones limítrofes con Chile, el auge del narcotráfico en las fronteras con Argentina y Paraguay, y sobre todo por la carrera armamentística que hay en Latinoamérica por modernizar, y mejorar las capacidades y margen de maniobra de los sistemas de defensa aérea (Opinión, 2014).
A posteriori, es trascendental aclarar que las principales ventajas que tiene el uso de drones radican particularmente en que pueden espiar y rastrear objetivos de alta importancia en tiempo real sin correr mayores riesgos. Por otra parte se cuidan las vidas humanas, pues generalmente los controladores y supervisores se encuentran a distancias muy seguras sin tener que estar necesariamente en el teatro de operaciones.
A fin de cuentas, los drones facilitan la logística y operatividad de las misiones por medio de la identificación y trazabilidad de objetivos a lo largo y ancho de un tablero geopolítico. Además de eso, los drones no son fáciles de detectar, pues no emiten altos niveles de sonido en un espacio abierto como si lo hace un helicóptero de combate o un avión supersónico, y se puede mantener por debajo del nivel de la percepción de los radares, dado que puede volar a muy baja altitud.
Sin embargo, el uso de drones también ha manifestado una amplia serie de desventajas, si bien, los drones logran detectar objetivos en escenarios complejos, muy pocas veces tienen la capacidad de atacar o interceptar activos o personal enemigo por medio del lanzamiento de misiles teledirigidos.
Por lo tanto, el enemigo puede ser detectado en una zona “X” y se puede desplazar rápidamente a una “Y”, por lo que el trabajo de espionaje e identificación se puede ver afectado por no contar con instrumentos de detección de largo plazo, pues en algún momento el dron tendrá que volver a su base militar de origen para recibir mantenimiento especial, mientras que el enemigo se desplaza a otra posición.
De igual manera, el uso de drones requiere de una gran inversión, pues tales maquinas cuentan con instrumentos y Sistemas de Posicionamiento Global (mejor conocidos como “GPS”) muy avanzados, motivo por el cual, tener una amplia flota de drones tiene un precio muy alto dados los costes de mantenimiento y la capacitación del personal encargado de controlarlos y mantenerlos.
A modo de conclusión es prudente destacar que, los drones pueden ser considerados como activos militares que ofrecen una amplia lista de ventajas desde el punto de vista logístico y sobretodo, geoestratégico. Pues estos extienden la capacidad de detección, reacción e identificación de objetivos en escenarios poco accesibles en donde las amenazas se concentran y se encuentran en máximo estado de alerta. Empero, también existen una serie de falencias directamente vinculadas con la efectividad real que estos dispositivos pueden ofrecer.
Tal como lo sustentan Natalia Suarez y Josefina Salomón, investigadores en temas de crimen organizado transnacional para Latinoamérica de la fundación InSight Crime; “Aunque las nuevas tecnologías pueden brindar muchas ventajas a la hora de luchar contra actividades criminales como la minería ilegal, no pueden reemplazar la necesidad de estrategias de largo plazo contra esta actividad y contra las organizaciones detrás de ella.” (2019, párr.8).
Finalmente, es claro que en el largo plazo, la utilización de drones en el escenario latinoamericano tendrá un gran auge, dado que muchos tomadores de decisiones que trabajan en la esfera política, comercial y militar tienen a la seguridad como punto esencial en sus agendas. No obstante, se espera que se hagan muchas reformas técnicas, tácticas y estratégicas para optimizar la efectividad de los drones en todos los escenarios donde se emplean.
Por supuesto, para alcanzar tales objetivos en materia innovación en seguridad y defensa, se debe hacer una inversión importante y fomentar los lazos de cooperación internacional de naturaleza técnica con actores geoestratégicos como los miembros de la OTAN, Israel, Corea del Sur, Japón, etc.
Autor: Federico Pinzón Arana (Profesional en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota y Magister en Seguridad & Defensa Nacionales del Ejército Nacional de Colombia. Con experiencia en investigación en temas de seguridad, defensa, política exterior y conflictos armados contemporáneos en la Escuela Superior de Guerra del Ejercito de Colombia y en la Fundación de estudios sobre crimen organizado, InSight Crime).
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)