Por: Gabriela Jhobanna Franco Villamil (Profesional de Relaciones Internacionales)
Colombia ha soportado un conflicto interno por más de 50 años, el cual ha desangrado al Estado y su población quienes han convivido con el narcotráfico y grupos armados ilegales. Dichas estructuras al margen de la ley establecieron un control territorial en diferentes zonas del país, donde el Estado estaba parcialmente ausente.
Actualmente algunas estructuras prevalecen en el territorio nacional; de hecho, el conflicto entre el Estado y la guerrilla de las FARC fue uno de los más cruentos y devastadores para el país.
Por lo anterior, presidentes de diferentes posturas han intentado llegar a un acuerdo de cese al fuego y la desmovilización de estas estructuras. En específico, el Presidente Andres Pastrana sostuvo una negociación de paz en el Caguán con las FARC durante 1998 – 2002; sin embargo, no hubo un desescalamiento de la violencia durante los diálogos, es más, en este periodo de tiempo los secuestros selectivos y las pescas milagrosas incrementaron. De esta manera, con un proceso de paz fallido y el establecimiento de una nueva forma de operar, las FARC se convirtió en una insurgencia con una estructura compleja y por tanto difícil de desmantelar.
Posteriormente, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) las Fuerzas Militares cobraron un puesto aún más relevante para consolidar el control estatal en las zonas controladas por las FARC. Por consiguiente, los enfrentamientos entre dicha insurgencia y las FF.MM incrementaron, así como el número de civiles afectados por el conflicto interno del país. Aun así, con la nueva estrategia de Seguridad democrática propuesta por el mandatario y las FF.MM en una guerra frontal contra la insurgencia, no se llegó al propósito final de desarticular y acabar por completo con las FARC.
En este sentido, se evidenció que la estrategia militar y la confrontación no eran el medio idóneo para dar fin al conflicto. Así pues, la esperanza de un nuevo dialogo se dio con el mandato del Presidente Juan Manuel Santos, quien portaba la consigna de la paz dentro de sus proyectos de gobierno. Por lo tanto, en 2016 se consolidó el proceso de paz por medio de la firma del histórico acuerdo entre el Estado colombiano con las FARC; el cual proponía reformas necesarias en búsqueda de la equidad en el país como la reforma agraria y la reparación integral de las víctimas.
Durante el proceso de paz la comunidad internacional fue parte vital para establecer la mesa de diálogo y apoyar al proceso de paz siendo garante de ellos. Países como Noruega y Cuba fueron una vía para la comunicación entre las partes; mientras la Unión Europea, la ONU y los Estados Unidos establecieron fondos destinados a la implementación del acuerdo.
De esta manera, Estados Unidos ha sido uno de los países con mayor interés en la implementación del acuerdo, teniendo en cuenta que coopera de manera económica con 448 millones de dólares para el fondo de desarrollo de Colombia parte del cual está destinado a fomentar y financiar la paz en los territorios (portafolio, 2019). De hecho, USAID la agencia de cooperación se encarga de otorgar subvenciones a proyectos que fomentan la cultura de paz; es decir, que la financiación ha sido una estrategia de política externa de soft power para tener influencia en el gobierno de Colombia.
La influencia ejercida por parte de Estados Unidos hacia Colombia es evidente en las políticas internas que se llevan a cabo con respecto a la lucha contra el narcotráfico. Recientemente el Presidente Iván Duque (2018 – actualidad) pretendía implementar la fumigación aérea como medio para la erradicación forzosa de cultivos ilícitos; todo esto auspiciado por Donald Trump quien ha presionado al mandatario para que tome decisiones radicales con respecto a la producción de sustancias ilícitas.
Ahora bien, EE. UU entiende la cooperación financiera como parte de una agenda política de acuerdo a su interés en los países de América Latina. Por consiguiente, se puede evidenciar que la política de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia va de la mano de un diálogo con Estados Unidos. Lo anterior, establece a Colombia como un aliado relevante de la EE. UU en el continente en la política de drogas y no como un Estado que puede afectar la seguridad regional al estar bajo constante conflicto interno.
Por otra parte, Mike Pompeo el Secretario de Estado afirmó que “El pueblo colombiano se merece un Acuerdo de Paz duradero con antiguos miembros de las FARC, que respeten el Estado de derecho y se comprometan con la reintegración pacífica en la sociedad” (Noguera, 2020). Dicha declaración fue con respecto al trabajo conjunto que se gestó entre las dos naciones para dar captura a los disidentes de las FARC, quienes se desvincularon por completo del Acuerdo de Paz.
En cuanto a la revisión del cumplimiento del acuerdo a cabalidad y la garantía de los derechos en el país; el Congreso de los EE. UU se pronunció con respecto al tema las garantías de seguridad de los excombatientes y los líderes sociales, puesto que después de la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 442 líderes y 200 excombatientes (El Espectador,2020). Los asesinatos han sido orquestados por estructuras al margen de la ley (autodefensas gaitanistas, ELN, disidencias de las FARC, bandas de narcotráfico) que operan en departamentos que solían estar bajo el control de la guerrilla desmovilizada.
Por medio de una carta, los senadores expresaron su preocupación por la falta de garantías que tienen los líderes de las comunidades y exhortaron a Mike Pompeo para que sea vocero de las diferentes inquietudes de los senadores. Además, el Congreso reitera en su comunicado la necesidad de desarticular a los paramilitares quienes han sido uno de los principales generadores de violencia en Colombia (Congreso de Estados Unidos, 2020).
Es así como la agenda de política exterior de EE. UU, logra permear los asuntos internos de Colombia con respecto a la implementación de la paz y su política de erradicación de cultivos ilícitos.
Gabriela Jhobanna Franco Villamil (Profesional de Relaciones Internacionales, Bogotà – Colombia)
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)