Por Altaf Hussain Wani
El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha lanzado una campaña de un año de duración para promover y reconocer el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH 75).
La campaña, que culminará el 10 de diciembre de 2023, Día de los Derechos Humanos, mostrará el legado, la relevancia y el activismo de la DUDH bajo el lema «Dignidad, libertad y justicia para todos». Lamentablemente, esto coincide con otro 75 aniversario: el nacimiento de la tragedia continua de los derechos humanos en Cachemira, que comenzó menos de dos meses antes de que la Asamblea General de la ONU adoptara la histórica declaración en París el 10 de diciembre de 1948. Resulta alentador comprobar que, desde la creación de la DUDH, se han logrado avances institucionales considerables en el mundo occidental.
Sin embargo, la aplicación de los derechos humanos fundamentales sigue siendo un sueño lejano en países del tercer mundo como India, que aún sufren la resaca colonial. A pesar de haber firmado este documento histórico, India ha fracasado estrepitosamente en el cumplimiento de los solemnes compromisos adquiridos para la protección de los derechos humanos y la concesión de las libertades fundamentales esenciales a la población, especialmente en Jammu y Cachemira, que ocupa ilegalmente desde el 27 de octubre de 1947. Desde 1947, la población de la Cachemira ocupada ilegalmente por India ha luchado por la dignidad, la libertad y la justicia.
El régimen de ocupación indio ha pisoteado todos los derechos fundamentales de los cachemires y les ha negado su derecho básico a la autodeterminación, reconocido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno indio sigue haciendo un uso excesivo de la fuerza para pisotear las libertades básicas. Esto ha dado lugar a violaciones extremas y constantes de los derechos humanos, como la represión despiadada de la disidencia, la criminalización del periodismo independiente y la persecución de activistas políticos y de derechos humanos. El continuo derramamiento de sangre y la violencia han causado la muerte de miles de cachemires y la destrucción de propiedades valoradas en miles de millones de dólares. Según las estimaciones, las fuerzas indias han matado a 96.157 personas en Cachemira desde 1989, y de ellas más de siete mil murieron bajo custodia. Aproximadamente 10.000 cachemires, en su mayoría chicos jóvenes, han sido objeto de desaparición forzada. Las fuerzas indias han quemado o destruido 110.495 viviendas, tiendas y otros edificios. La tortura se utiliza como herramienta estatal para reprimir la resistencia popular. De cada siete cachemires, uno ha sufrido brutales torturas. Más de 200 personas han perdido total o parcialmente la visión, y casi 1.800 han resultado heridas por el uso indiscriminado de pistolas de perdigones. Las mujeres son las víctimas más afectadas por las barbaridades de las fuerzas indias en la ilegalmente ocupada Jammu y Cachemira. La violación se está utilizando como arma de guerra patrocinada por el Estado para reprimir la lucha del pueblo cachemir por la libertad. El personal de las fuerzas indias ha agredido sexualmente a más de 11.255 mujeres durante las últimas tres décadas en el territorio ocupado.
La identidad del pueblo de la Cachemira ocupada ilegalmente por India está amenazada de exterminio por la constante represión estatal inhumana y la violencia extrema contra la comunidad musulmana mayoritaria. Esta situación pasa desapercibida. Se niega a la población su derecho a la libertad de expresión y reunión y a la libertad de prensa. Las autoridades de ocupación las deshumanizan a todos los niveles y la justicia sigue siendo esquiva para las víctimas de la represión estatal. Miles de personas son detenidas y permanecen recluidas sin juicio, y no se pagan reparaciones. La UAPA, la AFSPA, la PSA y otras leyes draconianas se utilizan contra la población para reprimir la resistencia contra la ocupación ilegal de India. Estas leyes ofrecen impunidad a los autores de esta violenta represión. Los informes que llegan de la convulsa región son elocuentes sobre la violación sistemática de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales por parte del gobierno indio y sus fuerzas armadas.
Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y otros organismos mundiales de vigilancia de los derechos humanos, todos los cuales ponen de relieve el pésimo estado de los derechos humanos en la región, han subrayado la necesidad de investigaciones independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos. Estos informes han destapado la caldera de crímenes en la Cachemira ocupada ilegalmente por India y sirven de acusación contra el Estado indio. A pesar de ser signataria de la DUDH, India ha violado descaradamente todos sus artículos. Lamentablemente, estas graves violaciones de los derechos humanos pasan en gran medida desapercibidas en el ámbito internacional.
Mientras el mundo celebra este año el Día de los Derechos Humanos y su lema «Dignidad, libertad y justicia para todos», la comunidad internacional también debe ser consciente de sus obligaciones morales respecto a la situación en Cachemira y defender los derechos de la población, que sigue atrapada en una peligrosa situación de conflicto. Atrocidades, derramamiento de sangre, asesinatos, encuentros, operaciones de acordonamiento y búsqueda (CASO), redadas nocturnas y violencia son todo lo que define a la Cachemira actual. Detener a activistas políticos y de derechos humanos en casos maliciosos, detenerlos bajo cargos sediciosos, son una firma del régimen de apartheid de la India para fomentar su agenda colonialista y romper todos los límites del salvajismo.
Desde el 5 de agosto de 2019, cuando India se anexionó ilegalmente Jammu y Cachemira, la región se ha hundido aún más en un lodazal de violencia temeraria y anarquía, que atormenta y pone en peligro la existencia de los habitantes del valle de Cachemira. Dado que estas acciones contravienen gravemente la DUDH y otros tratados internacionales de derechos humanos, es urgente que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la maquinaria de derechos humanos de la ONU y la comunidad internacional en general tomen medidas inmediatas para cumplir con su responsabilidad moral y legal hacia Cachemira y hacer que India rinda cuentas por los crímenes que sus fuerzas han estado cometiendo contra la humanidad en Cachemira.
Y lo que es aún más importante, debería presionar al Gobierno de India para que revoque sus acciones y allane el camino para la celebración de un referéndum en la región que permita a los cachemires ejercer su derecho inalienable -el derecho a la autodeterminación-, un principio cardinal de la Carta de la ONU y de otros pactos internacionales de derechos humanos.
Altaf Hussain Wani – Presidente del Instituto Cachemir de Relaciones Internacionales y Vicepresidente del JKNF.
(Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de World Geostrategic Insights)